El exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera, aseguró ayer durante su comparecencia ante el Tribunal de Apelación de París que no tiene "nada que ver" con el atentado perpetrado en 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Este ataque causó la muerte de once personas.
Durante la vista, el momento de mayor tensión se produjo cuando la representante del Ministerio Público sacó a relucir su presunta implicación en ese atentado, lo que provocó una reacción "airada" del acusado.
El exdirigente etarra trató de contraponer esas imputaciones con la imagen que defendió de sí mismo: la de un miembro de la organización que, según dijo, buscó durante años una vía de negociación con el Estado para "resolver el conflicto vasco".
Sus críticas a la justicia española
Ternera no solo negó su participación en los hechos, sino que también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial español. Afirmó que la justicia española ha sido condenada en once ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por casos de torturas. Además, subrayó que en siete de esas resoluciones había intervenido como juez de la Audiencia Nacional el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Ternera explicó también las circunstancias que le llevaron a abandonar la vida pública. Según su versión, a finales de 2002 decidió pasar a la clandestinidad, cuando era diputado en el Parlamento Vasco, porque consideraba que "no tenía ninguna garantía" ante un proceso judicial que calificó como "montado".
El momento de su detención
Antes de su etapa en la clandestinidad, Ternera había sido detenido en 1989 en Francia y condenado a diez años de prisión por delitos de terrorismo. Tras cumplir esa pena, fue entregado a España en 1996. Según relató, esa extradición fue "el regalo" del entonces presidente francés, Jacques Chirac, al presidente del Gobierno español, José María Aznar, aunque —según afirmó— con la condición de que no fuera torturado.
A su llegada a España, fue conducido directamente ante el juez Javier Gómez de Liaño, quien ordenó su ingreso en prisión sin pasar por dependencias policiales. Permaneció encarcelado hasta enero de 2000. Durante ese periodo, denunció que "se le intentó inculpar en 20 casos", entre ellos el atentado de Zaragoza. También señaló al entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, asegurando que "intentó implicarme en ese atentado" sin base suficiente.
La etapa de clandestinidad de Ternera se prolongó durante casi dos décadas, hasta mayo de 2019, cuando fue detenido en los Alpes franceses. Tras su arresto, permaneció en prisión hasta finales de ese mismo año, momento en el que quedó en libertad bajo control judicial.
Actualmente, sigue en Francia a la espera de la resolución del último proceso judicial que tiene pendiente en ese país. La sentencia se conocerá en las próximas semanas, aunque el proceso podría alargarse si se presenta un recurso ante el Tribunal Supremo francés.