En una nueva entrega de análisis político con el inconfundible sello del Programa de Cuesat, se diseccionan los escándalos que acechan al actual Gobierno, centrándose en la presunta red clientelar y de favores que parece haberse instalado en los ministerios y empresas públicas. Los tertulianos comienzan abordando el surrealista caso de Jésica, vinculada sentimentalmente con el exministro José Luis Ábalos, cuyo rastro laboral en la empresa pública Ineco —dependiente de Adif— evidencia un uso patrimonialista de las instituciones. La joven, que aparecía en catálogos de prostitución, fue contratada sin funciones claras, llegando incluso a presentar un currículum que incluía fotografías en lencería, un hecho que subraya la absoluta degradación ética en la selección de personal del ministerio.
Los testimonios presentados en el programa revelan que Jésica no solo carecía de la cualificación necesaria, sino que ignoraba las obligaciones más básicas de su puesto, como la entrega de partes horarios. Su jefa de entonces llegó a suplicar por correo electrónico que cumpliera con estos trámites administrativos, recibiendo la callada por respuesta. Este no es un caso aislado de corrupción institucional, sino que se suma a otros nombres como el de Claudia Montes, otra amiga de Ábalos y Koldo y militante socialista colocada en Logirail. Montes admitió con pasmosa naturalidad que, al no tener ni idea de su cometido relacionado con el sector ferroviario, se dedicaba a ir a la biblioteca de Oviedo para leer libros sobre trenes, demostrando que el enchufismo descarado es la norma y no la excepción bajo el mandato de Sánchez.
El análisis sube de tono al tratar la trama de las mascarillas durante lo más crudo de la pandemia. Se aportan pruebas documentales, específicamente correos electrónicos del 20 de marzo de 2020, que demuestran cómo las órdenes de compra se duplicaron en apenas media hora para favorecer a la red de Koldo García. Mientras los españoles morían por miles, la trama socialista se dedicaba a cerrar presuntos negocios millonarios, centralizando las compras para evitar la competencia de las comunidades autónomas y asegurando así que el beneficio quedara en manos de sus afines. Lo más grave, si cabe, es que el Gobierno ignoró las advertencias internas sobre la baja calidad del material suministrado, que no cumplía con los estándares KN95 o FFP2, poniendo en riesgo la vida de los profesionales sanitarios.