La regularización masiva de Pedro Sánchez, que podría acabar beneficiando a más de un millón de personas, además de sus familias, ha puesto en alerta a Europa, como ha venido contando Libertad Digital. La Comisión Europea advirtió en el año 2004 de que las regularizaciones a gran escala "pueden suponer un incentivo para la migración irregular", es decir, el conocido efecto llamada.
"No deben considerarse instrumentos estructurales de gestión migratoria", concluyó. En el año 2006, la UE acordó que los Estados miembro deben comunicar a la Comisión las medidas nacionales de asilo e inmigración que puedan afectar a otros países, como es el caso de la decisión adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que podría quedar definitivamente aprobada el próximo martes.
En el año 2009, la CE convino que las regularizaciones "deben limitarse" y estudiarse "caso por caso" y "no ser generales", además de que los Estados deben "informar sobre si han modificado su política de regularización". Algo que no ha hecho España. De hecho, en respuesta a una pregunta del PPE, confirman que "la Comisión no ha recibido ninguna comunicación oficial de España" al respecto.
Sin comunicación oficial de España
En la nota remitida al grupo de Esteban González Pons y Dolors Montserrat, la Comisión va más allá y confirma que "las decisiones de los Estados miembros, en un espacio sin fronteras interiores, pueden tener consecuencias para otros Estados miembros y para la Unión en su conjunto".
Alberto Núñez Feijóo confirmó también este viernes, como ha hecho en varias ocasiones, la preocupación que existe entre sus colegas europeos. "Muchos colegas europeos me han trasladado su preocupación por la regularización masiva que está impulsando nuestro país", dijo, advirtiendo de que se lleva a cabo en contra del criterio europeo y el de las propias Cortes españolas.
La media ni siquiera se debatirá en el Congreso, donde se ha votado en contra de este tipo de regularizaciones masivas. El Gobierno la aprobará vía Real Decreto, sin tener en cuenta siquiera el dictamen del Consejo de Estado, como ya ocurrió en el caso de la reforma constitucional para blindar el aborto, sobre la que advirtieron asegurando que debería hacerse por el procedimiento agravado.
Bruselas recuerda, en cualquier caso, que las consecuencias deberá asumirlas en exclusiva España porque "un permiso de residencia nacional no autoriza a desplazarse por la UE, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió. La UE cuenta con normas claras que deben respetarse", remata en su respuesta al grupo popular.
"Si se descubre que una persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, o si esa persona solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia. Las autoridades nacionales deben actuar con un espíritu de cooperación leal para que esto ocurra rápidamente", concluye la Comisión.