El "filibusterismo" con el que actúa el Gobierno y su "secuestro" de la Mesa del Congreso, como denuncia el PP, han recibido la condena del TC. El Pleno del Tribunal de Garantías estudiaba el recurso del partido de Alberto Núñez Feijóo a lo que llaman el "congelador" de Francina Armengol. El ponente, Enrique Arnaldo, proponía estimar la denuncia presentada por el partido de Feijóo, como ya pidió la Fiscalía, según confirmó Libertad Digital.
La sentencia supone un duro varapalo para el Gobierno dé Sánchez, que no ha podido esquivarla, incluso a pesar de que Cándido Conde-Pumpido preside el tribunal, y que existe mayoría del bloque progresista. La condena sienta precedente sobre esta práctica extendida a la presente legislatura.
El Ministerio Público apreció "déficit de motivación" y "de razonamiento" por parte del órgano rector del Congreso, controlado por PSOE y Podemos, en su decisión de prorrogar el plazo de enmiendas de un proyecto de ley sobre la gestión de los fondos europeos. La iniciativa fue aprobada en 2021, con Meritxell Batet de presidenta de las Cortes, y acumuló hasta 71 prórrogas parlamentarias.
La Fiscalía apuntó a una "vulneración de los derechos de los diputados" porque no han podido siquiera debatir el texto, tramitado además de urgencia para saltarse los controles constitucionales, y que acabó parado dos años hasta que decayó con la disolución de las Cortes. La mayoría progresista del TC, sin embargo, anticipa que podría tumbar el recurso del PP.
Armengol ha perfeccionado la táctica y mantiene bloqueadas más de 40 propuestas. En todas ellas amplía sine die el plazo de enmiendas para que acaben guardadas en un cajón y no puedan siquiera ser debatidas. El motivo es que varias de ellas, aprobados por el Senado, tienen muchas opciones de prosperar en el Congreso, pese al rechazo del Ejecutivo.
El silencio de Pumpido
Sánchez evita así evidenciar su minoría parlamentaria, y oculta la capacidad legislativa de la oposición. Lo ha hecho con leyes relacionadas con la okupación, rebajas del IVA, ayudas a personas con discapacidad, reformas del Código Penal o mejoras en las condiciones de la Policía. Un sinfín de propuestas que no llegan a su trámite final, tras recibir el visto bueno de la Cámara Alta, lo que en la práctica supone anular las funciones de una de las cámaras.
El PP ha presentado hasta 13 recursos en el Tribunal Constitucional por estas situaciones que han llevado a un choque sin precedentes entre el Congreso y el Senado, además de con el Gobierno. Es la primera vez en democracia que se plantean conflictos de atribuciones entre cámaras, y todos ellos siguen pendientes de ser resueltos por el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido.
Tal y como informó Libertad Digital en exclusiva, la letrada mayor del Senado, Sara Sieira, advirtió de que España avanza peligrosamente hacia un "sistema autoritario", y criticó que Pumpido no dicte sentencia de urgencia sobre los recursos del PP, dado el riesgo de que se vulneren derechos de los diputados, como señaló la Fiscalía en el caso del "congelador" del Congreso.
Del 'congelador' a la 'apisonadora'
Sánchez no sólo utiliza la Mesa de la Cámara Baja para bloquear medidas que no le convienen, sino que tumba enmiendas aprobadas por el Senado bajo el pretexto de que afectan a los PGE. La última vez, con la Ley de Multirreincidencia. La Cámara Alta, a propuesta del PP, introdujo la exigencia de pedir un certificado de penales para la regularización masiva, y no sólo una declaración responsable. El Congreso no ha podido siquiera debatirlo.
Incluso el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, propuesto por el PSOE, rechazó la decisión adoptada por la Mesa del Congreso. Una vía empleada con anterioridad en las leyes de desperdicio alimentario, la de defensa de la clientela y la de seguridad aérea. La vicesecretaria del PP Alma Ezcurra advirtió este lunes de que el "legislativo está secuestrado". "El Congreso es rehén de una minoría que bloquea y aprueba lo que Gobierno necesita para subsistir", dijo.