Coincidiendo con la aprobación de la regularización masiva de inmigrantes, Junts ha reabierto en el Congreso el debate sobre el burka, introduciendo un nuevo elemento de fricción en la ya exigua mayoría parlamentaria del Gobierno. La iniciativa de los independentistas catalanes llega apenas semanas después de que la Cámara rechazara la propuesta de PP y Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos, con el voto en contra del PSOE, y se interpreta como un nuevo frente de presión de sus socios independentistas.
Las contradicciones en el seno socialista han quedado nuevamente al descubierto. Mientras el portavoz parlamentario, Patxi López, apelaba a la "libertad religiosa", la ministra de Igualdad, Ana Redondo, advertía de que las mujeres que lo portan están "muertas en vida". Una divergencia que evidencia la falta de una posición clara y unificada en el partido, que por el momento no ha desvelado el sentido de su voto ante una iniciativa prácticamente calcada a la debatida en febrero.
El propio López, que entonces rechazó apoyar la propuesta de Vox por partir de premisas "racistas, xenófobas y estigmatizadoras", abrió la puerta a estudiar la iniciativa de Junts, mostrando disposición a abordar el debate en el seno del grupo socialista.
Para que la proposición prospere en su tramitación, serán necesarios más apoyos dentro del bloque de investidura. El texto registrado por Junts fundamenta la prohibición en razones de seguridad pública, un enfoque que previsiblemente suscitará reticencias entre los socios de izquierda. En este contexto, Sumar, que en febrero calificó la propuesta de Vox de "retrógrada", evita ahora fijar posición y se limita a restar relevancia al debate.
"Nosotros nunca vamos a participar en ninguna iniciativa política que trate de discriminar a personas por su credo, por sus creencias, por su religión, por su raza y que únicamente estén planteando debates en términos de discriminar al diferente. Esos debates no forman parte de las ideas del Partido Socialista", dijo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, marcando distancias con cualquier intento de prohibición del burka y encuadrando la cuestión en el ámbito de los derechos fundamentales.
Con todo, habrá que esperar a la votación para comprobar si el PSOE mantiene esa posición, a riesgo de tensar aún más su relación con Junts, con quien las relaciones atraviesan un momento de especial frialdad tras su reciente ruptura.
Todo ello se produce en paralelo a la aprobación por decreto de la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes, una medida pactada con sus socios y cuestionada tanto por órganos consultivos como por instancias europeas.