El mismo día en que las víctimas del accidente de Adamuz se han concentrado a las puertas del Congreso pidiendo respuestas y dimisiones al Gobierno, el PSOE ha encontrado un nuevo foco donde desviar la atención: en el enfrentamiento entre el diputado de Vox José María Sánchez García y el vicepresidente primero de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Este miércoles todos los ministros han ofrecido declaraciones en las que han comparado el suceso con el fallido golpe de Estado de Antonio Tejero para valorar la protesta del diputado de Vox, que llegó a acercarse a la zona de la Presidencia del Pleno para insistir en sus quejas después de que Gómez de Celis le desoyera. El vicepresidente de la Mesa del Congreso ha relatado en los pasillos de la Cámara cómo vivió ese momento, llegando a afirmar que lo único que pensaba era "por dónde me iba a llegar el sopapo".
El PSOE ha querido estirar la polémica tratando de impulsar una declaración institucional en la que sostiene que la actitud de los de Santiago Abascal "es una forma de hacer política basada en el ruido, la intimidación y el desprecio de las normas básicas de la convivencia democrática". El texto también precisa que Sánchez García se "encargó físicamente con los servicios jurídicos de la Cámara" y desoyó a la Presidencia de la Cámara Baja "a escasos metros, atentando contra la dignidad de la institución".
El diputado de Vox no ha acudido hoy a la sesión plenaria después de que la Mesa del Congreso decretara su expulsión "al resto de la sesión, no pudiendo en consecuencia participar ni en los debates ni en las votaciones correspondientes", tras haber sido llamado al orden en tres ocasiones. Sin embargo, la actitud del diputado de Vox habría venido motivada por insultos que presuntamente le lanzó el diputado de ERC, Jordi Salvador, quien le habría llamado "analfabeto, gilipollas, nazi y asesino". Por esta razón, Vox pidió la palabra, que le fue denegada por la Presidencia.
En todo caso, la intención del PSOE de acaparar titulares en este sentido se ha visto frenada por el Partido Popular que, atendiendo a la declaración institucional, ha decidido enmendarla para incluir que "hay muchas actitudes de otros grupos parlamentarios que son igualmente condenables: gritos, insultos, gestos, etc., no siendo reprobados habitualmente por la Presidencia de la Cámara". Los de Alberto Núñez Feijóo también han denunciado el "caciquismo" que, a su juicio, se vive en el Congreso, exigiendo "a la presidencia de esta Cámara que deje de bloquear leyes, práctica que ya cuenta con el rechazo del Tribunal Constitucional".
Desde el partido de Santiago Abascal descartan tomar represalias contra su diputado y sostienen que "esto iba a ocurrir tarde o temprano", dada la reiteración de insultos que, aseguran, reciben de forma sistemática por parte de otros grupos parlamentarios.