Desde que el Gobierno está cercado por casos de corrupción, el Ejecutivo se ha dedicado a alzar el término de lawfare y a arremeter de forma insistente contra los jueces que se atrevan a investigar a los máximos líderes políticos, pese al cargo que ostenten. Para el Ejecutivo, esto constituye una persecución del entorno del presidente con el objetivo de apartarle de la Moncloa; de ahí que, desde el Consejo de Ministros, y mientras el procesamiento de Begoña Gómez acapara titulares de prensa, incluso en China, país en el que se encuentra acompañando a Pedro Sánchez en su viaje oficial, tres ministros defendieran la "inocencia" de Gómez en calidad de "juristas".
La ofensiva, sin precedentes, del Ejecutivo contra uno de los pilares de la democracia ha generado uno de los mayores conflictos entre dos poderes del Estado. Ante un sistema garantista, el Gobierno no cesa en recurrir a la "imparcialidad" y al "color político" de los jueces para desacreditar sus investigaciones. En este sentido, voces del PSOE consultadas por Libertad Digital consideran un "disparate" los ataques del Gobierno al juez Juan Carlos Peinado y el escenario elegido para ello: el Consejo de Ministros.
Fuentes socialistas consultadas, con representación en las Cortes, incluso reconocen que muchas de las anomalías a las que el Gobierno nos tiene acostumbrados hoy habrían sido "imposibles" hace unos años, como mantenerse en el poder con los dos últimos secretarios de Organización del partido en prisión, la mujer del presidente procesada, al igual que su hermano, y sin cuentas públicas durante toda una legislatura.
Reprochan las formas empleadas por ministros del Gobierno que, como el ministro Óscar Puente, han lanzado duras críticas contra la independencia del poder judicial sin tener en cuenta que, de haberse producido excesos por parte de este magistrado, la Audiencia Provincial los habría frenado. "Líbreme Dios a mí de calificar la actuación de un juez o de nadie en términos que son gravemente preocupantes si no hubiera una panoplia de elementos de prueba como para, como mínimo, cuestionar la apariencia de imparcialidad en la toma de decisiones", dijo Puente de forma burlona mientras el ministro Félix Bolaños reconocía haber presionado al Consejo General del Poder Judicial para imponer una sanción al juez Peinado.
Tras afirmar que una "amplísima parte" de la sociedad española comparte sus opiniones sobre la causa contra la mujer del presidente, en las filas socialistas sostienen que la estrategia adoptada por el Gobierno es "torpe" y le recomiendan centrarse en "gestionar", en plena precampaña por las elecciones en Andalucía y, en caso de discrepancia, "recurrir jurídicamente".
Estas mismas fuentes insisten en que "el sistema funciona" y subrayan que, si existiera algún magistrado que actuara de mala fe, la vía adecuada pasa por anteponer el argumento jurídico y canalizar cualquier discrepancia a través de los cauces legales, reprochando los ataques al sistema judicial desde la política por considerarlos impropios.