El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dado un nuevo impulso a la investigación del caso Koldo al reclamar información detallada sobre varias adjudicaciones de obra pública que se encuentran bajo sospecha. Tal y como ha adelantado Europa Press, el juez ha dirigido un requerimiento al Consejo de Obras Públicas, organismo integrado en el Ministerio de Transportes, para que aporte documentación relacionada con estos expedientes.
La resolución judicial exige que dicho organismo remita "a la mayor brevedad posible" tanto "copia de los dictámenes emitidos en los expedientes" como la relación de "los funcionarios que participaron en su redacción". Esta diligencia responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y, según el propio auto, resulta "útil y pertinente, en cuanto permite una mejor y amplia investigación de los hechos que se tratan de depurar".
El análisis de la documentación no recaerá únicamente en el juzgado. El instructor ha acordado que sea la Guardia Civil quien examine el material recabado y proceda a la "elaboración del oportuno informe".
Adjudicaciones investigadas
La causa en la que se enmarca esta petición se centra en una pieza separada en la que se investigan posibles irregularidades en contratos de obra pública vinculados al Ministerio de Transportes. En este contexto, el juez apunta a un presunto "favorecimiento, de manera recurrente a diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública a cambio de una contraprestación económica tanto para el entonces ministro, José Luis Ábalos, como para su asesor Koldo García".
Las pesquisas desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúan en el foco a empresas como Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos. A raíz de estas investigaciones, se ha acordado la imputación de directivos de dichas compañías, así como la del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros implicados.
Papel de los organismos
El auto también deja constancia de que los contratos investigados estaban "bajo el dominio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras". En ese entramado, el juez señala a Isabel Pardo de Vera, al frente de Adif en el momento de los hechos, y a Javier Herrero, entonces director general de Carreteras —ambos ya fuera de sus responsabilidades— como "facilitadores de asistencia para el éxito de las adjudicaciones proyectadas", dentro de sus respectivos ámbitos de actuación.