El proceso de regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes por la vía rápida se está tramitando con muchos cabos sueltos y con decenas de polémicas del Gobierno de Pedro Sánchez. Una de las últimas cuestiones controvertidas ha sido que la medida del Ejecutivo permite a los inmigrantes que tengan antecedentes policiales obtener los papeles.
En un principio, el Ejecutivo y especialmente Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes dijeron que "esto no era así" y lo tacharon de bulo. Sin embargo, ahora con el proceso en marcha, el Gobierno ha dado un paso más y ha defendido públicamente la decisión de regularizar a extranjeros con antecedentes policiales asegurando que no van a obtener los papeles los que supongan una "amenaza para el orden público". Desde Moncloa han justificado dicha operativa en la regularización masiva al señalar que "el proceso es garantista" y de defender que habrá un buen funcionamiento de los informes policiales.
Entrando en lo estrictamente legislativo, la reforma del Reglamento Extranjería publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) señala que"la existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización".
Los requisitos para beneficiarse de la medida migratoria incluyen acreditar que el extranjero interesado carece de antecedentes penales y que no "representa una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública". Para acreditar el segundo requerimiento, el Reglamento señala que se llevará a cabo presentando el certificado de penales y con "la valoración del informe policial correspondiente" y que cada solicitud de tramitación se hará "de forma casuística y circunstanciada", mirando cada caso de forma individual.
La tramitación de estos expedientes corre a cargo de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz. En paralelo, serán los funcionarios los que se encarguen de recabar el informe policial de cada solicitante.
Libertad Digital ha informado de los grandes problemas que están teniendo los funcionarios como consecuencia del colapso y de la poca formación que han recibido estos trabajadores públicos para acometer esta medida del Ejecutivo.
Los antecedentes policiales son los registros de datos personales almacenados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando una persona es detenida, investigada o identificada en diligencias por presuntos delitos o infracciones, sin requerir una condena judicial firme. Puede tratarse de denuncias por peleas, altercados con violencia o otro tipo de cuestiones.
Con toda esta situación y este contexto, estas han sido las últimas palabras polémicas de Félix Bolaños, que ha defendido la regularización masiva de inmigrantes y de los extranjeros con antecedentes policiales: "El proceso de regularización es garantista. Por supuesto, que es necesario tener antecedentes penales , pero es que, además, hay una segunda condición y es que no puede afectar a la seguridad pública, al orden público, a la salud pública. Quiere decir que una persona, decía algún dirigente del Partido Popular el otro día, que con antecedentes policiales se podía obtener la residencia. Pues no, no es así. Con antecedentes policiales puede haber un informe de la policía donde se diga que esta persona sí es un riesgo para el orden público, para la seguridad pública".