En plena regularización masiva de inmigrantes, el Partido Popular pone el foco en las estadísticas ya conocidas hasta ahora sobre la concesión de papeles por "arraigo familiar", dada la falta de información al respecto, y lo que puede influir en el nuevo proceso. El grupo de Ester Muñoz en el Congreso ha presentado una batería de preguntas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, para obtener datos ocultos.
Las estadísticas publicadas por el Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Migraciones de Elma Saiz, recogen un crecimiento exponencial de regularizados por arraigo familiar desde que en 2022 se modificó la ley para introducir un tercer supuesto que permite acogerse a esta media: ser cónyuge, pareja de hecho o ascendiente mayor de 65 años de un español.
Hasta ese momento, sólo podían regularizarse por arraigo familiar los progenitores de un menor español a cargo o los hijos de padres de origen español. El nuevo supuesto supondría, en la práctica, un coladero. Según los datos publicados por el propio Observatorio, en junio de 2022, antes de la entrada en vigor de la norma, había en España casi 33.000 regularizados por arraigo familiar. A 31 de diciembre de 2025 suman 253.000, es decir, casi un 800% más.
Ocultar datos para no asumir errores
Las estadísticas publicadas no desglosan, sin embargo, las autorizaciones concedidas por arraigo familiar en función de cuál de los supuestos habilitantes ampara cada autorización, lo que impide evaluar en qué medida el crecimiento registrado desde 2022 se explica por la incorporación del supuesto conyugal y de vínculo familiar con ciudadano español. De esta forma, la opacidad impide conocer hasta qué punto el cambio de la ley fue realmente un coladero y facilitó la concesión de residencias.
Por este motivo, el PP exige datos al Gobierno y pregunta por escrito si dispone de información "desglosada sobre las autorizaciones concedidas entre el 16 de agosto de 2022 y el 20 de mayo de 2025 en función de cada uno de los supuestos habilitantes". Y es que, en mayo de 2025, debido al caos y la confusión de los tres años en los que estuvo la norma en vigor, se volvió a modificar para eliminar el supuesto conyugal.
El PP pregunta, además, si el Gobierno "dispone de datos desglosados sobre las autorizaciones concedidas desde el 20 de mayo de 2025 en función de cada uno de los dos supuestos habilitantes" en la actualidad, y que se refieren a ser progenitor o tutor de menor nacional de la UE, del Espacio Económico Europeo o Suiza, y ser familiar que presta apoyo a persona con discapacidad nacional en ese marco territorial.
"En caso afirmativo a cualquiera de las preguntas anteriores, ¿por qué razón estos datos no se incorporan a las estadísticas de referencia publicadas periódicamente por el Observatorio Permanente de la Inmigración, y prevé el Gobierno introducir dicho desglose en futuras publicaciones?", preguntan en tercer lugar desde el partido de Alberto Núñez Feijóo.
Por último, interpelan al Ejecutivo para saber si "ha realizado la Secretaría de Estado de Migraciones o cualquier otro órgano de la Administración General del Estado algún análisis o auditoría sobre la coherencia y veracidad de la documentación aportada para acreditar los supuestos habilitantes del arraigo familiar, y cuáles han sido sus conclusiones".