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La chapuza del Gobierno para dar la vulnerabilidad a los regularizados convierte el proceso en un coladero

Apenas se exige marcar una casilla mientras se desata el caos en Ayuntamientos y asociaciones colaboradoras.

Apenas se exige marcar una casilla mientras se desata el caos en Ayuntamientos y asociaciones colaboradoras.
Cientos de personas esperan en Barcelona en largas colas para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de inmigrantes. | EFE

El proceso de regularización masiva aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un auténtico caos. Las colas registradas en los primeros días en los que se anunció la medida se han multiplicado de forma exponencial una vez iniciado el proceso.

Ayuntamientos y asociaciones colaboradoras están desbordados ante la falta de previsión y de ayuda por parte del Estado en un proceso complejo que, paradójicamente, sólo requiere marcar una casilla para obtener el certificado de vulnerabilidad, sin documentación adicional.

Desde el Ministerio de Migraciones de Elma Saiz trasladan a Libertad Digital que la vulnerabilidad "no es un requisito que se exija en todos los casos", ya que podrán acogerse también a la regularización quienes acrediten haber trabajado con contrato (pese a ser irregulares), quienes tengan personas a cargo (ya sean hijos o adultos) y ascendientes de primer grado, además de quienes ya tengan reconocida la vulnerabilidad.

En cualquier caso, corresponde a los Ayuntamientos y entidades colaboradoras certificar si están en esa situación vulnerable, y en el caso de estas últimas la inseguridad es manifiesta. Sirve con la palabra del inmigrante, corroborada por la persona encargada de rellenar el formulario, que no un funcionario del Estado.

El Ministerio ha publicado un listado de asociaciones colaboradoras que pueden expedirlos, entre las que se encuentran ONG, asociaciones culturales, LGBTI o agrarias, entre otras. Para obtener la acreditación de entidad colaboradora hay que demostrar experiencia previa con inmigrantes, aunque se han concedido desde hace apenas un mes, cuando se anunció la medida.

Estas entidades ayudan en el proceso de regularización, y rellenan el certificado de vulnerabilidad en los casos que se requiera. El documento apenas consta de tres apartados con los datos del solicitante, de la entidad que lo certifica y el motivo de su situación. Basta con poner la X a uno de los supuestos propuestos, como vivir en una residencia precaria, carecer de ingresos suficientes, tener personas a cargo y "otros", según recoge el texto.

Falta de información e inseguridad

En Libertad Digital nos hemos puesto en contacto con varias de las entidades colaboradoras que aparecen en el listado del Ministerio de Inmigraciones, y trasladan que les asaltan un sinfín de dudas que el Gobierno no ha aclarado, dejando en manos de todas estas asociaciones la responsabilidad del proceso.

Desde COAG Almería aseguran que el Gobierno no les ha aclarado cuestiones clave como "la cualificación profesional" de la persona encargada de validar el certificado. "Desconocemos si debe tratarse de un abogado, un psicólogo, un trabajador social o un administrativo", aseguran.

La Administración tampoco les ha indicado que deban conocer al solicitante, ni tener información previa sobre su situación cotidiana para acreditar la vulnerabilidad. COAG Almería ha decidido, por iniciativa propia, que sólo colaborarán con quien tenga algún vínculo anterior con la organización.

UPA Jaén confirma una situación muy similar. De hecho, están todavía en fase de información para saber de qué forma expedir el certificado de vulnerabilidad, ya que llevará el sello de la organización, pero desconocen si debe firmarlo un técnico, un administrativo o qué cualificación debe tener. Datos que no ha facilitado el Ministerio. Se comprometen sólo a ayudar a quienes ya conozcan.

Desde el Centro Rural O Viso aseguran que el formulario de vulnerabilidad se expedirá en casos excepcionales, ya que la mayoría tiene reconocida esa situación con anterioridad o entra en los supuestos en los que no sería necesario obtenerlo, como tener hijos. Sí se requeriría, por ejemplo, para desempleados sin personas a cargo.

En cualquier caso, toda la responsabilidad recae en la entidad colaboradora, que en todos los casos consultados, comunican que sólo ayudarán a inmigrantes con los que hayan trabajado previamente. El resto será derivado a Servicios Sociales para que "haga la criba". Es, sin embargo, una exigencia autoimpuesta, lo que arroja dudas sobre el proceso y el "coladero" en el que puede convertirse.

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