En una nueva entrega de MA Confidential, se ha desvelado una información de extrema gravedad que afecta directamente a la cúpula judicial y al Ejecutivo central. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, está ejerciendo una fuerte presión sobre la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón, con el objetivo de dinamitar el pacto de colaboración que se había acordado con el empresario Víctor de Aldama. Esta maniobra, según la información revelada en Libertad Digital, tiene como fin último proteger al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a su gabinete y al Partido Socialista, de las ramificaciones judiciales de los diversos casos de corrupción en los que están involucrados.
Para comprender el alcance de esta situación, es necesario remontarse a noviembre de 2024, cuando el juez Santiago Pedraz ordenó el ingreso en prisión provisional de Víctor de Aldama por su implicación en la denominada trama de los hidrocarburos. Durante su estancia en prisión, su abogado, José Antonio Choclán, negoció con la Fiscalía Anticorrupción un acuerdo de colaboración. Aunque no se trata de un documento firmado, este pacto se basa en una declaración de intenciones: si el investigado aporta datos relevantes y veraces, su colaboración será tenida en cuenta de cara a futuras peticiones de penas y beneficios procesales.
En el marco de este acuerdo, Aldama fue trasladado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, para declarar sobre el caso Koldo. En dicha comparecencia, el empresario señaló directamente a figuras clave del entorno del presidente, incluyendo a Begoña Gómez, Santos Cerdán, Koldo García, José Luis Ábalos, María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska. Ante la solidez de su testimonio, que ha permitido avanzar en diversas líneas de investigación, la Fiscalía Anticorrupción solicitó su libertad provisional, la cual fue concedida por el juez Pedraz.
El papel de Teresa Peramato
La llegada de Teresa Peramato a la Fiscalía General del Estado ha cambiado el escenario. Se describe a Peramato como una figura alineada con los intereses de Pedro Sánchez, incluso de forma más acusada que su predecesor, Álvaro García Ortiz, quien se encontraba inhabilitado tras su condena por revelación de secretos. La estrategia actual de la fiscalía general consistiría en boicotear la validez del testimonio de Aldama de cara al juicio del caso Koldo, previsto inicialmente para el 29 de abril, donde también deben declarar el exministro Ábalos y su asesor Koldo García.
El objetivo de esta ofensiva liderada por Peramato es evitar que la información proporcionada por Aldama sea considerada creíble o vinculante. Al desacreditar al empresario, el Ministerio Fiscal buscaría dos objetivos: primero, que Aldama no pueda eludir la prisión mediante beneficios procesales; y segundo, que sus confesiones no salpiquen legalmente al presidente del Gobierno ni a su familia. Esta situación ha generado una tensión interna evidente con Alejandro Luzón, quien defiende la utilidad de la colaboración del empresario para el éxito de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.