
Los informes de la Guardia Civil están identificando toda una cadena de proyectos presuntamente amañados con un doble origen: el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno de Aragón en la época del socialista Javier Lambán. El listado crece y el tamaño e importancia de los proyectos hace incomprensible que todo ello pudiera hacerse a espaldas de los principales cargos de ambos organismos. Y eso significa que los mismos que estaban al corriente eran los que defendían públicamente unas políticas supuestamente ecologistas. Todo ello mientras las licencias de implantación de parques solares o eólicos se concedían en innumerables ocasiones en zonas protegidas y silenciando la protección real de la flora y fauna de esas zonas naturales.
Uno de los ejemplos más clamorosos de ese cinismo político lo representa el capítulo que afecta a Carlos Ontañón, el primer director de la historia del Inaga, una persona que ha acabado figurando como apoderado de más de 50 empresas vinculadas a Fernando Samper, el máximo responsable de Forestalia. El ex alto cargo del Gobierno de Aragón, al frente del instituto de gestión ambiental durante el periodo comprendido entre los años 2003 y 2012, ha formado parte de los cuadros directivos de la polémica empresa de energías renovables desde 2018. Es más, la Guardia Civil lo observa con especial atención por su "relevancia" en el ejercicio de Forestalia y en su relación con el citado Inaga.
El Registro Mercantil ha dejado constancia de esta llamativa actividad empresarial: Ontañón ha figurado en 53 empresas a nivel de apoderado o apoderado solidario. Y en la mayoría de ellas el administrador o uno de los socios es Fernando Sol SL, una de las principales empresas de Fernando Samper, el máximo responsable de Forestalia.
Y no se trata del único apoderado con nombre llamativo: también aparece en esas bases de datos oficiales el nombre de Luis Marruedo, exviceconsejero de Medio Ambiente y exdirector general de Desarrollo Rural, relacionado con la venta de Athmos Sostenibilidad, una consultora especializada en energías renovables, por cuatro millones de euros. Marruedo, además, compartía cartel con esa empresa con Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente, y Ana Cristina Fraile, exjefa de gabinete de Boné. Tras dejar la Administración Pública, Carlos Ontañón entró en Forestalia. Y allí ha llegado a ocupar el puesto de director de Transición y Medio Ambiente.
Todo ello en un entramado en el que la UCO Medioambiental de la Guardia Civil ya ha señalado que "la autoasignación de los proyectos del Grupo Forestalia por parte de Eugenio Domínguez, calificada de 'extraordinaria' por múltiples testigos (Elena Pardo, Elvira Bocos), fue el acto que permitió todas las irregularidades posteriores". Eugenio Domínguez formaba, según las investigaciones, la otra cara de una misma moneda: formaba parte del Ministerio de Ribera y se encargaba de que los informes nacionales de Forestalia no fuesen un problema para la concesión de licencias a la empresa. "Esta acción creaba una 'caja negra' en la que los expedientes desaparecían del circuito de supervisión ordinario, concentrando en su persona un conflicto de funciones al ser supervisor y gestor a la vez", explican los investigadores.


