La imagen de España en materia de lucha contra la corrupción vuelve a quedar en entredicho en el ámbito internacional. Un nuevo informe debatido esta semana en el Consejo de Europa, y adelantado por ABC, advierte de la necesidad "urgente" de que el país articule una estrategia anticorrupción sólida y coherente, algo que distintas instituciones llevan años reclamando sin éxito.
Lejos de tratarse de un aviso aislado, el diagnóstico coincide con el de organismos como la Comisión Europea, la OCDE, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) o Transparencia Internacional, que han venido señalando fallos recurrentes en los mecanismos de control y prevención. El patrón que se repite en todos los análisis apunta a un problema de fondo: las recomendaciones formuladas no se están aplicando con la profundidad ni la rapidez necesarias.
Advertencias reiteradas
Este contraste entre las advertencias externas y el discurso oficial se ha hecho visible de nuevo en el Congreso de los Diputados. El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, defendió en la última sesión de control que el Ejecutivo mantiene una política de "tolerancia cero", una afirmación que choca con la acumulación de reproches procedentes del exterior.
Uno de los organismos más insistentes ha sido el Greco, dependiente del Consejo de Europa. En su revisión sobre parlamentarios, jueces y fiscales —basada en medidas planteadas ya en 2013— constata que cuestiones clave siguen sin resolverse más de diez años después. Entre ellas figura la falta de una regulación específica sobre los lobbies, considerada la principal carencia en el ámbito parlamentario. En paralelo, el organismo vuelve a mostrar inquietud por el sistema de designación del Consejo General del Poder Judicial y por la ausencia de cambios que refuercen la independencia de la Fiscalía, señalando además la percepción de influencia del Poder Ejecutivo en este terreno.
Aunque reconoce ciertos avances respecto a evaluaciones anteriores, el Greco concluye que persisten problemas estructurales en ámbitos sensibles como la transparencia, la independencia judicial y el funcionamiento del Ministerio Público. Además, la difusión de algunos de sus informes no fue inmediata: uno de ellos, aprobado en junio de 2024, no se conoció hasta abril de 2025, mientras que otro, centrado en el Gobierno y las Fuerzas de Seguridad, se publicó el 1 de agosto pese a haber sido validado semanas antes.
Carencias estructurales pendientes de reforma
En ese segundo análisis, centrado en recomendaciones formuladas en 2019, el organismo vuelve a detectar déficits relevantes. Señala que siguen sin aprobarse normas integrales sobre la actividad de los grupos de presión y los conflictos de interés de altos cargos, advierte de debilidades en los sistemas disciplinarios de las Fuerzas del Orden y considera insuficiente la protección a quienes denuncian prácticas corruptas.
Las conclusiones de Bruselas apuntan en la misma dirección. La Comisión Europea ha venido describiendo la corrupción en España como "un área de preocupación persistente" y ha alertado de un "alto riesgo de corrupción tanto en la contratación pública como en la financiación de partidos políticos". Su conclusión es clara: "La corrupción sigue representando un desafío importante". Además, subraya que España aún debe adoptar una estrategia integral, reforzar las salvaguardias institucionales y corregir las deficiencias en la aplicación de la ley.
Ese diagnóstico apenas ha variado en el último año. El informe de 2025 mantiene que la corrupción sigue siendo "una preocupación pública importante" y que la aplicación de la normativa, especialmente en casos de sobornos internacionales, es "notablemente baja". También pone de relieve la falta de avances en la regulación de los conflictos de interés, el escaso número de parlamentarios que publican sus reuniones con lobistas y la limitada capacidad del Consejo de Transparencia para hacer cumplir sus resoluciones.
Modelo institucional bajo revisión
Desde la OCDE también se incide en un problema de diseño institucional. El organismo considera que el modelo español adolece de una excesiva dispersión de competencias, al carecer de una entidad que centralice la estrategia contra la corrupción. Este reparto entre distintos organismos permite cubrir múltiples áreas, pero dificulta una supervisión coherente y una respuesta coordinada. A ello se suma que, pese a contar con marcos regulatorios relativamente sólidos en algunos ámbitos, su aplicación práctica resulta irregular, especialmente en lo que respecta a la actividad de los lobbies.
El deterioro de la percepción internacional queda reflejado en los indicadores. El índice elaborado por Transparencia Internacional sitúa a España con 55 puntos sobre 100 en su última edición, lo que supone un retroceso respecto al año anterior. El país aparece junto a Chipre, un puesto por encima de Italia y dos por debajo de Portugal, lejos de las democracias europeas mejor valoradas en este ámbito.
En este escenario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el pasado 8 de julio su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción ante el Congreso de los Diputados, asegurando que atendía a las recomendaciones de estos organismos. No obstante, las instituciones internacionales han dejado claro que las declaraciones de intenciones ya no son suficientes. Las evaluaciones previstas para 2026 serán determinantes para comprobar si ese plan se traduce en cambios reales o si España continúa bajo el escrutinio internacional por sus debilidades en la lucha contra la corrupción.