El juicio del caso mascarillas ha reabierto el escenario que el PSOE más temía: que la corrupción, lejos de haberse agotado tras el caso Cerdán-Koldo, vuelva a irrumpir en el debate público en el momento menos oportuno para el partido, a las puertas de las elecciones andaluzas.
Tan solo unas horas después del interrogatorio a Koldo García, el presidente del Gobierno acompaña a María Jesús Montero en Cártama junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En el PSOE confían en que el procedimiento no tenga impacto electoral, al considerar que es un asunto "ya exprimido", pero la realidad es que la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas, también entre votantes socialistas, con el riesgo añadido de una desmovilización silenciosa.
El partido trata de controlar el relato frente al avance de los autos judiciales, de ahí que estos días haya insistido en su "cero preocupación" por lo que pueda declarar el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez. En todo caso, en el Gobierno asumen que, incluso ante una eventual sentencia condenatoria, nada cambiaría en términos de responsabilidad política. Sostienen que no habrá asunción alguna, pese a que, más allá de los implicados directos, no se han derivado consecuencias políticas por las presuntas irregularidades.
Los socialistas podrían incluso replicar con Ábalos la misma estrategia argumental utilizada con el comisionista Aldama, cuando se señaló a Pedro Sánchez como conocedor de la trama. Entonces se defendió que los acusados "tienen derecho a mentir" en un procedimiento judicial, sin voluntad de emprender acciones legales más allá de solicitar amparo al Tribunal Supremo al término del proceso. "Tenemos cosas mejores que hacer", repiten fuentes gubernamentales, al tiempo que insisten en que "esperan que se haga justicia".
Pese a que José Luis Ábalos no ocupaba un rol marginal, en Moncloa se mantiene el mensaje de que "queda constatado que se trata de un caso de máxima gravedad, pero que se circunscribe a una serie de personas concretas y no tiene carácter institucional ni afecta al conjunto del Gobierno", con el objetivo de aislar políticamente el caso.
Sin embargo, la vulnerabilidad del PSOE es creciente y el asunto entra de lleno en la campaña electoral en Andalucía, donde María Jesús Montero se juega su futuro político en un contexto de encuestas adversas y sin una tendencia consolidada a su favor.