El Gobierno no cesa en su intento de desacreditar al comisionista Víctor de Aldama, al tiempo que busca desmarcarse por completo del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. A tan solo unas horas de que el juicio de las mascarillas quede visto para sentencia, en Moncloa y Ferraz insisten en que el propio procedimiento ha dejado claro que "no se trata de una trama institucionalizada", sino "circunscrita" a una serie de personas cuya actuación condenan.
El propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que el Gobierno debe "respetar" las decisiones judiciales y las declaraciones de las distintas partes. "Ahora es el momento en el que le toca al Supremo determinar la culpabilidad o la inocencia de los acusados", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al tiempo que ha eludido responsabilidades políticas del Ejecutivo. "Nosotros ya adoptamos medidas", ha afirmado.
El mismo Bolaños, que ha demandado a Aldama por una presunta vulneración del derecho al honor tras asegurar este que intentó sobornarle, ha negado instrucciones a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, sobre la reducción de la pena al empresario. Todo ello después de que la acusación popular en el juicio de las mascarillas, encabezada por el PP junto a otras seis acusaciones, haya solicitado la atenuante muy cualificada de confesión, lo que rebajaría la petición de cárcel de siete a cinco años.
En ese contexto, Bolaños ha apuntado a lo que considera una "colaboración" entre el principal partido de la oposición y el empresario investigado. "Yo aquí quiero ser muy claro, quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos", ha señalado.
El ministro sostiene que la decisión del Ministerio Público responde a "criterios técnicos" y no a instrucciones del Ejecutivo. Mientras tanto, el PP pide la comparecencia de Bolaños y denuncia que se premie o castigue a los colaboradores de la Justicia en función de si sus revelaciones benefician o incomodan al Gobierno.