El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado al menos 16,5 millones de euros a contratos con Tragsa para gestionar el control del comercio de especies protegidas, una labor que antes realizaban directamente funcionarios del Estado y que aproximadamente nos costaba 1 millón de euros al año. Según expertos y afectados, el nuevo sistema no solo resulta más caro, sino también menos seguro y menos eficaz, y ha provocado la pérdida de negocios vinculados a la exportación de animales. Todo ello, sostienen, por motivos exclusivamente políticos e ideológicos.
El control del comercio de especies protegidas se articula a través del convenio CITES, un acuerdo internacional que regula la compraventa de animales y plantas en peligro para evitar el tráfico ilegal de especies. En España, esta labor la asumía el Soivre (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones), un cuerpo de inspectores dependiente del Ministerio de Economía. El modelo español llegó a convertirse en referencia internacional, según explican a Libertad Digital fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio.
En 2022, el Gobierno trasladó estas competencias desde la Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Economía de Nadia Calviño por aquel entonces) al Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera. El resultado, denuncian criadores de animales exóticos y asociaciones conservacionistas, ha sido un "verdadero desastre". "Nos llevan a todos por el camino de la amargura, incluso a los particulares", aseguran. Este periódico ha recogido casos como el del loro Kiko, el cocodrilo Charlie o el del criador gallego José Doval Ucha.
Un sistema más caro
Cuando el Ejecutivo aprobó el cambio, el propio BOE incluyó una cláusula de contención del gasto. En la disposición adicional cuarta del real decreto se establecía que "las medidas incluidas en este real decreto serán atendidas con las dotaciones presupuestarias ordinarias y no podrán generar incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal".
Sin embargo, entre 2022 y principios de 2026, el ministerio encargado ahora de estas funciones ha gastado al menos 16,5 millones de euros en contratos tramitados a través de Tragsatec, la filial de ingeniería y consultoría del Grupo Tragsa que se integra en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dependiente del Ministerio de Hacienda.
Es decir, esos trabajos que antes realizaban funcionarios del Soivre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, ahora se subcontratan a través de Tragsatec. Y, según la documentación facilitada a la Sociedad Herpetológica Valenciana a través del Portal de Transparencia, los contratos en total ascienden a unos 16,5 millones de euros en poco más de cuatro años. Estos importes corresponden a encargos directos del Ministerio a Tragsatec, que a su vez subcontrata servicios a terceros, como Correos, laboratorios, transportistas, fundaciones animalistas, veterinarios o entidades científicas.
"Un disparate"
Los sectores afectados califican de "disparate" el cambio: "Ese trabajo lo realizaban antes unos 150 funcionarios de carrera y la financiación estaba dentro de la partida de los Presupuestos Generales del Estado. El presupuesto asignado anualmente para la gestión del Convenio CITES era aproximadamente de un millón de euros. Muchos gastos y agilidad en las gestiones, como el gasto en el envío de los documentos, no era necesario porque se contaba con una estructura territorial con personal en 31 ciudades de todas las Comunidades Autónomas o, por ejemplo, los gastos en la identificación de especímenes que, igualmente, la realizaban los inspectores del SOIVRE. El Ministerio para la Transición Ecológica no tiene esa estructura territorial", señalan fuentes de Comercio.
"Los inspectores del SOIVRE hacían también el control y certificación de los criadores y viveristas, la inspección en frontera de las operaciones de comercio exterior, la identificación de especímenes intervenidos, tanto en las Aduanas como dentro del territorio nacional por los agentes policiales encargados, los informes de valoración de la documentación, etc", explican.
En resumen, el modelo ha cambiado de raíz. Antes, el Estado realizaba el trabajo y recurría a apoyo puntual. Ahora, encarga las funciones y paga estructuras externas completas. Y, según los expertos, el resultado es un servicio más caro y de peor calidad.
Se pierden negocios
Cuando España firmó el CITES, "se tuvo la suerte de que el SOIVRE contaba con inspectores que gestionaban los permisos a nivel nacional y también con inspectores en aduanas, donde controlaban las importaciones y exportaciones", explican fuentes de Comercio. Esa integración hacía que el sistema fuese eficaz y un modelo a imitar por otros países.
Desde la transferencia de competencias, el servicio es "absolutamente inoperante". Además, "se están perdiendo exportaciones. Muchos negocios no pueden operar porque no tienen los documentos a tiempo, siempre hay trabas y retrasos". El problema resulta especialmente grave en sectores como el de las aves rapaces. "Hay que exportarlas cuando aún son pollos y, si no salen a tiempo, países como Arabia Saudí ya no las quieren. Muchas exportaciones se han perdido por no tener los permisos a tiempo".
La consecuencia es clara: "Algunos criadores directamente se están yendo a otros países, porque aquí acaban arruinados".
Si el sistema es más caro y menos eficaz, ¿por qué se produjo el cambio? Criadores y expertos coinciden en la respuesta: se trata de una decisión política basada en criterios ideológicos. Medidas como la Ley de Bienestar Animal, los nuevos decretos que ultima el Gobierno para limitar las mascotas o este cambio en la gestión del CITES son pasos de una misma estrategia del Ejecutivo para limitar la actividad ligada a la cría y comercio de animales, especialmente los exóticos.