Una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno de Pedro Sánchez nada más acceder al poder fue nombrar al nuevo presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la Sepi. Para ocupar este cargo, la recién nombrada ministra de Hacienda, María Jesús Montero, eligió a una persona de su máxima confianza: Vicente Fernández Guerrero.
Fernández Guerrero había ocupado varios puestos en la administración andaluza hasta que en el año 2016, con Montero como consejera de Hacienda de la Junta, fue ascendido a interventor general de la Junta de Andalucía; un cargo que dejó para dar el salto a Madrid como presidente del mayor holding público de España, la Sepi, en junio de 2018.
Su presidencia, al menos oficialmente, duró poco porque en octubre de 2019 Fernández Guerrero tuvo que dimitir al ser imputado por el caso de la adjudicación millonaria de la mina de Aznalcóllar. La renuncia se produjo el 4 de octubre de 2019 y María Jesús Montero no nombró a un nuevo presidente de la Sepi hasta el 30 de marzo de 2021. Es decir, que el mayor conglomerado de empresas públicas de nuestro país estuvo sin presidente oficialmente durante 543 días, aunque varias fuentes internas aseguran que Guerrero estuvo actuando en la sombra durante ese periodo. ¿Y qué ocurrió durante todo este tiempo?
Pues que, por ejemplo, la Sepi decidió llevar a cabo varios rescates empresariales que, años después, aún siguen en el disparadero por sus múltiples irregularidades. Esos rescates forman parte de la macedonia de escándalos que han aflorado durante el sanchismo y en los que aparece como nexo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Caso Air Europa
En noviembre del año 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Sepi, aprobó el rescate a la aerolínea Air Europa mediante un crédito de 475 millones de euros. Se trató de una operación que fue cinco veces más rápida que la media de todos los que se tramitaron, según apuntó el Tribunal de Cuentas. No fue la única singularidad. La SEPI troceó los 475 millones en dos préstamos para que ninguno de ellos superara los 250 millones. De esta forma, el Gobierno se aseguraba el control de las ayudas, porque por encima de esa cifra correspondía a la Unión Europea.
La actual presidenta de la Sepi, Belén Gualda, aseguró hace unos días en el Senado que la inyección a Air Europa se hizo sin injerencia externa. Cosa que no es cierta. La UCO ya ha acreditado que el 16 de julio de 2020 hubo una sucesión de reuniones para abordar el rescate a la aerolínea que ni siquiera había sido solicitado de forma oficial en esa fecha. Uno de esos encuentros fue el de la mujer del presidente, Begoña Gómez, con Javier Hidalgo, entonces máximo responsable de Air Europa, en la sede de la compañía. La otra reunión se produjo en Moncloa entre Nadia Calviño, José Luis Ábalos y Pedro Sánchez.
La relación de la organización criminal formada, supuestamente, por Ábalos-Koldo-Aldama con el rescate de Air Europa es una cuestión que estos días se está abordando en el Tribunal Supremo.
Caso Plus Ultra
La Sepi también estuvo involucrada en el polémico rescate a otra aerolínea, en este caso Plus Ultra, una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español, que se encontraba en pérdidas millonarias desde su creación en 2011 y cuyos accionistas eran unos misteriosos ciudadanos venezolanos con sociedades en paraísos fiscales. A pesar de no cumplir las condiciones fijadas por el propio Gobierno de Sánchez para rescatar a empresas afectadas por la pandemia, la Sepi le dio a Plus Ultra una ayuda de 53 millones de euros en marzo de 2021.
El perito judicial independiente contratado por el juzgado del caso Plus Ultra ha declarado que la aerolínea no debió ser rescatada y que no devolverá el dinero. La Audiencia Nacional se encuentra en estos momentos investigando este rescate en el marco de una operación internacional de lavado de dinero. También investiga la posible participación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en este asunto.
Caso Begoña
La Sepi dio un trato de favor al Instituto de Empresa, después de que éste contratara a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a través de Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial) permitió al IE en plena pandemia una rebaja en el alquiler de tres edificios situados en el Campus Velázquez, en la calle María de Molina de Madrid. La escuela de negocios que había contratado a la mujer de Pedro Sánchez consiguió que la Sepi le rebajara el precio del suelo público en el ejercicio 2020-2021, al pasar de los 23 euros por metro cuadrado a un precio de cuatro euros, según ha contado la periodista Ketty Garat.
Así lo han corroborado también varios implicados en el 'Caso Begoña'. Sin ir más lejos, el comisionista Víctor de Aldama en su declaración en el Tribunal Supremo de la semana pasada. Aldama contó que Koldo García le obligó a frenar la compra de los terrenos de la Sepi porque la mujer del presidente "los quería para ella".
Caso Forestalia
En marzo de 2026, la Unidad Central Operativa de Medioambiente de la Guardia Civil (Ucoma) detuvo a varias personas dentro de la investigación judicial abierta contra una supuesta trama de corrupción en la tramitación de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos en Aragón.
Entre los detenidos estaba Fernando Samper, presidente de Forestalia, la empresa que ingresó millones de euros gracias a la adjudicación de esos contratos supuestamente fraudulentos. Este caso de corrupción también salpica a varios cargos políticos, entre ellos un alto cargo del Ministerio de Transición en época de Teresa Ribera.
En el ejercicio contable de 2022, Sepides –la misma del caso Begoña– inyectó más de 17 millones de euros a una empresa dedicada a la fabricación de pellets de madera y paja y que estaba participada al cien por cien por Forestalia.
Caso Cloaca
Las investigaciones de la UCO apuntan a que la fontanera del PSOE, Leire Díez, formaba parte de una estructura que operaba en el seno de la administración, a la que también pertenecía el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández Guerrero, y el empresario navarro Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinabar. Este trío se habría servido de sus vínculos para controlar la adjudicación de contratos en empresas como la Sepi, Mercasa, Enusa y Forestalia. Su objetivo sería el cobro de comisiones ilegales.
Hay que recordar que la fontanera socialista trabajó para dos empresas de la Sepi como Enusa y Correos. Su vinculación con el expresidente del organismo va más allá. Procede de los tiempos en los que Fernández Guerrero se encontraba imputado en el caso de la mina de Aznalcóllar. Leire Díez se interesó por este procedimiento al estar buscando información comprometida del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delitos Económicos de la UCO y uno de los investigadores en el caso ERE que dirigió la juez Mercedes Alaya, la misma que ordenó la reapertura del caso de la mina de Aznalcóllar, que precisamente acabó archivado.
Tras su salida de la Sepi, Vicente Fernández Guerrero acabó trabajando para Servinabar, la empresa que compartían Antxon Alonso y Santos Cerdán.