El informe del Parlamento Europeo, resultado de la misión sobre el Estado de Derecho en España celebrada los pasados 16 y 17 de febrero, advierte en sus conclusiones de un deterioro progresivo de la democracia por la polarización política y las tensiones institucionales persistentes. Es el paso previo a la aplicación de posibles sanciones, como ocurrió con Hungría y Eslovaquia.
"El desafío central no reside en la ausencia de salvaguardas formales, sino en la necesidad de acuerdos estables y ampliamente apoyados", señala el texto en sus conclusiones, en el que se advierte de que la persistencia de la polarización, unida a determinadas prácticas institucionales, puede erosionar la confianza pública. La UE pide reforzar el consenso, la transparencia y la independencia institucional "conforme a los estándares europeos".
El informe subraya que "el sistema del Estado de Derecho en España permanece estructuralmente sólido y anclado en un marco constitucional maduro, pero marcado por tensiones institucionales recurrentes y polarización política", y alerta de riesgos crecientes para el equilibrio institucional y la percepción de imparcialidad.
La inclusión sobre el marco "sólido" ha motivado la queja de Vox durante la presentación del documento en la Comisión de Libertades, donde Jorge Buxadé ha criticado el procedimiento para aprobarlo por no permitir enmiendas y ha rechazado su contenido por considerarlo insuficiente.
Uno de los elementos más relevantes que destaca el texto es el uso reiterado del decreto-ley. El informe señala que "desde 2018, más de 120 decretos-ley han sido adoptados por el Gobierno, representando el mayor número registrado en periodos democráticos comparables". "Su uso recurrente, especialmente en reformas políticamente sensibles, puede limitar la deliberación y debilitar los mecanismos consultivos". Es el caso, por ejemplo, de la regularización masiva, que ha puesto en alerta a Europa.
El informe también se hace eco de que, durante las reuniones que se produjeron en España, se recogieron preocupaciones sobre "bloqueo legislativo, falta de negociación y creciente dominancia del Ejecutivo", así como la ausencia prolongada de presupuestos y dificultades en la actividad parlamentaria. De hecho, el Tribunal Constitucional ha fallado recientemente contra las prácticas de la Mesa del Congreso que bloquea las iniciativas de la oposición.
La independencia judicial
En cuanto a la Justicia, y en plena purga dentro de la Fiscalía, con instrucciones por parte de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para no rebajar la condena a Víctor de Aldama pese a su colaboración, el informe recoge que "la independencia judicial emergió como el tema más sensible y estructuralmente contestado".
El modelo de designación del Consejo General del Poder Judicial "continúa generando preocupaciones sobre la posible influencia política", ya que sigue sin ser reformado pese a que el Ejecutivo se comprometió a ello con Bruselas en el acuerdo de renovación firmado con el PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha llevado al Congreso la propuesta para garantizar su independencia, sin éxito.
El informe advierte en este sentido de que el efecto acumulativo de las tensiones "contribuye a la disminución de la confianza pública y refuerza la percepción de politización". En materia de corrupción, la misión señala que "los indicadores de percepción han descendido a su nivel más bajo desde 2012".
También se refiere a los retrasos en los procedimientos judiciales complejos al señalar que "pueden debilitar la confianza pública en la eficacia e imparcialidad de la acción anticorrupción", y recoge las preocupaciones sobre prácticas que generan "percepciones de patronazgo político" y que "debilitan la confianza en la neutralidad de las instituciones públicas" .
Se habla también con preocupación del ámbito mediático, especialmente en relación con RTVE, y sus "preocupaciones sobre la gobernanza independiente" del Ente público en un contexto de alta polarización. Este entorno puede afectar "al discurso público y al pluralismo", señala, haciéndose eco además de la existencia de presiones, ataques y dificultades de acceso a la información para periodistas.