En una nueva entrega de MA Confidencial, se analiza la situación judicial de Víctor de Aldama y el impacto que su posible ingreso en prisión tendría sobre las múltiples causas abiertas que afectan al actual Gobierno. Tal y como desveló Libertad Digital en exclusiva, la fiscal de sala Teresa Peramato ha ejercido presiones directas sobre el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, para evitar que este solicite una rebaja en la petición de pena para el empresario, a pesar de su activa colaboración con la justicia desde noviembre de 2024.
La controversia gira en torno a la petición inicial de siete años de cárcel por delitos de organización criminal y cohecho. Luzón contemplaba aplicar una atenuante cualificada que permitiría a Aldama evitar la prisión, pero las órdenes jerárquicas de Peramato buscan dinamitar este escenario. Según se explica en Libertad Digital, esta maniobra pretende silenciar al empresario, cuya declaración es clave en al menos media docena de procesos judiciales que salpican directamente al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Entre las causas que se verían gravemente afectadas destaca el caso de las mascarillas, que instruye el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Además, la colaboración de Aldama ha sido determinante en la pieza relativa al cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, donde aparece implicado Santos Cerdán. Los documentos manuscritos aportados por el empresario detallan un sistema de amaños destinados a financiar ilegalmente al PSOE, una trama que el juez Moreno investiga bajo secreto de sumario.
Otro frente judicial de extrema gravedad es el relativo a la financiación ilegal del PSOE a través de los cupones de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA. Aldama ha declarado que se utilizaron cerca de 250 millones de dólares para financiar tanto al partido como a la Internacional Socialista, presidida por Sánchez. Si el empresario entra en prisión y cesa su cooperación, esta línea de investigación, junto con la de la trama de hidrocarburos del caso Villafuel ante el juez Santiago Pedraz, correría el riesgo de quedar paralizada.