Fondos europeos para pagar las pensiones. La irresponsabilidad del Gobierno no tiene límites, seguramente debido a que sus miembros han desarrollado callo en actuar al margen de la ley y contra la ley. En perversa alianza, la incompetencia y la propensión al delito van de la mano en un Ejecutivo que carece de la más mínima vergüenza y se salta las leyes con propaganda y alevosía en la confianza de que es impune. Eso explica, por ejemplo, el perfil de sus fiscales generales, empezando por Dolores Delgado, pasando por el condenado García Ortiz y en pleno apogeo de Teresa Peramato chapoteando entre irregularidades e ilegalidades.
Peramato no sólo sabe imponer sin el más mínimo decoro las órdenes de su amo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino que también sabe mirar para otro lado, ejercicio en el que no está sola, pues la Fiscalía Europea también podría actuar en un desvío de fondos públicos europeos tipificado en varias categorías delictivas. De entrada está la malversación por la que debería ser investigada la exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, primera responsable de ese ejercicio de piratería contable consistente en el uso de 2.389 millones de euros procedentes de fondos europeos para pagar pensiones.
Ha sido el Tribunal de Cuentas quien ha detectado el pufo en el informe sobre la Declaración de la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024 y quien señala que el desvío de fondos se produjo por la falta de crédito para cubrir compromisos vinculados a pensiones de clases pasivas y complementos a mínimas. La "solución" de María Jesús Montero y de Pedro Sánchez fue la que se puede esperar de dos personajes como ellos. Engañar y tirar de los fondos europeos para tapar el agujero de las pensiones producido por su más que pésima gestión, un parche enorme sobre un boquete inmenso.
En la información publicada por Libertad Digital se deja meridianamente claro que el artículo 433 del Código Penal establece que "la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años, si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado, y de inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses, si no resultare".
Pero es que además de delito, el asunto pone de manifiesto el riesgo más que real de que el Gobierno destruya el sistema de pensiones. No otra cosa se puede esperar de ese hato de negados incapaces de adoptar ni por error una medida acertada, pendientes de no acabar en el banquillo del Tribunal Supremo mientras destrozan el Estado del Bienestar y la economía española y se entregan a operaciones como la regularización masiva de inmigrantes.