La Comisión Europea ha advertido esta semana al Gobierno de España de que tendrá que verificar si los inmigrantes incluidos en el proceso de regularización masiva "suponen un peligro para el país o no", dado que el Gobierno no exige un certificado de antecedentes policiales.
De hecho, se está regularizando a inmigrantes en prisión preventiva, con procesos judiciales todavía abiertos que no han sido sentenciados, y que mantendrán la condición de regulares aunque sean condenados después. "Las autoridades nacionales tienen la obligación de verificar si las personas que solicitan permisos de residencia suponen un peligro para el país o no", señaló el representante europeo durante el debate de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
El aviso se produce en plena polémica porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha declarado secretos todos los documentos sobre la regularización. Preguntada al respecto, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, denunció en una rueda de prensa en el Congreso que la regularización se hace "en contra del ordenamiento europeo, de la mayoría de la opinión pública, y lo quieren llevar en secreto porque saben que lo que están haciendo está mal y el caos que está generando", dijo.
La CE avisó esta semana, de nuevo, de que las decisiones adoptadas por un Estado miembro "pueden tener un efecto en los demás Estados de la Unión", en línea con la advertencia lanzada por el comisario europeo de migraciones, Magnus Brunner, en respuesta a una pregunta del PPE, sobre el riesgo para el espacio Schengen.
El representante europeo advirtió también de que Bruselas seguirá "de cerca" la situación en España y la aplicación de la legislación europea en materia migratoria. Aunque recordó que la competencia principal sobre migración corresponde a cada Estado, admitió que la regularización aprobada por España tiene una "dimensión externa" y efectos que "no pueden ignorarse" en el resto de la UE.
Recordó, además, que corresponde a cada Estado miembro evaluar el impacto de este tipo de medidas sobre sus sistemas de seguridad social y sus servicios públicos. Algo que no ha hecho el Gobierno de España, que ha aprobado la medida por decreto-ley y sin contar con las CCAA, encargadas de gestionar las competencias transferidas como la sanidad o la educación.
Puntualizó además que un permiso de residencia emitido por un Estado miembro "no da derecho a establecerse libremente en la Unión Europea", sólo a residir y trabajar en el país que concede dicha autorización. Por lo tanto, si una persona con permiso de residencia expedido por un Estado miembro se encuentra ilegalmente en otro país de la UE, las autoridades nacionales "tienen que actuar".
Durante el debate, el PP insistió en que la regularización masiva atenta contra el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y provocará un "efecto llamada" que beneficiará a las mafias. La eurodiputada y vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, criticó que el Gobierno "ni siquiera dicen la verdad sobre las cifras". "¿Cómo vamos a confiar en el resto de garantías que nos han vendido?", señaló.
Y es que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras calcula que hasta 1,35 millones de inmigrantes pueden verse beneficiados. El eurodiputado Juan Ignacio Zoido criticó que esta medida ha sido aprobada "a espaldas del Parlamento, a espaldas de Europa y vulnerando los compromisos firmados por el propio Gobierno".