La transparencia no es, ni mucho menos, una facultad del Gobierno de Pedro Sánchez, que no va al Senado hace dos años, se escabulle del control en el Congreso, no informa sobre la política internacional y rechaza facilitar documentos en temas como la regularización masiva. Una práctica que se extiende a la Fiscalía General del Estado, para dar cobijo al condenado Álvaro García Ortiz.
Según ha podido saber Libertad Digital, la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se niega a hacer público el decreto por el que García Ortiz sigue ejerciendo como fiscal de lo Social del Tribunal Supremo, pese a la sentencia contra él por revelación de secretos. Peramato ni siquiera le abrió expediente sancionador. En su lugar, recurrió la condena al Tribunal Constitucional, aprobó un decreto para mantenerle dentro de la Fiscalía, y ha pedido su indulto.
El pasado mes de febrero, el PP en el Senado, a través de la senadora por Pontevedra María José Pardo, reclamó este documento, haciéndose eco de la petición hecha también por la Asociación de Fiscales, que en una carta a Peramato defendía que se trata de una "cuestión de enorme trascendencia mediática por ser de interés público". Conocieron la decisión por la prensa.
"Para hacer efectiva la transparencia propia de la actuación de las Instituciones de un Estado de Derecho es imperativo que V.E. haga público el decreto por el que acuerda el reingreso del Sr. García Ortiz a la Carrera Fiscal", señalaba la asociación en su misiva. El grupo de Alicia García asumía esta exigencia y pedía al Gobierno que recabara el documento, algo a lo que se han negado.
Según la respuesta dada por el Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, y a la que ha tenido acceso este periódico, el Ejecutivo se justifica asegurando que la Fiscalía opera de manera autónoma, lo que choca frontalmente con el ejercicio del cargo desempeñado por Ortiz, y que ha continuado con Peramato, tras la purga interna llevada a cabo contra quienes se opusieron a su antecesor.
"El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad", recoge la respuesta dada al PP.
El Ministerio añade que "partiendo de su configuración constitucional, el Ministerio Fiscal tiene consagrada su autonomía funcional y, por tanto, su capacidad de autoorganización y funcionamiento interno", por lo que la orden sigue sin hacerse pública, pese al evidente interés sobre el asunto.