El 9 de marzo de 2021, en plena pandemia del coronavirus, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Plus Ultra, una aerolínea por entonces desconocida para el gran público. La prueba de este desconocimiento es que apenas representaba el 0,03 por ciento de todo el tráfico aéreo español.
Desde un primer momento, la operación diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez para salvar de la quiebra a Plus Ultra provocó recelos internos y sospechas desde el exterior. Nadie entendía por qué el Ejecutivo español destinaba más de 50 millones de euros de dinero público para rescatar a una empresa con capital venezolano, que no era estratégica y que, además, llevaba en números rojos desde su constitución, mucho antes del inicio de la pandemia. Lo que no se podía sospechar entonces era todo lo que se escondía detrás de esta jugada político-financiera.
La investigación periodística y la posterior instrucción judicial llevó a la imputación de Plus Ultra y de todo el consejo de la SEPI que aprobó el polémico rescate. Sin embargo, el caso quedó archivado gracias a un sorprendente cambio de criterio de la fiscal y al olvido del juzgado de prorrogar la causa. A esta peripecia judicial hay que añadir la insólita actuación del juez sustituto y otras extrañas circunstancias que rodearon a esta causa.
El caso Plus Ultra y sus responsables habrían quedado impunes si no fuera porque en otros países las diferentes fiscalías estaban investigando la supuesta trama que se ocultaba detrás de la aerolínea, de sus socios venezolanos y de sus financiadores. Y es aquí donde está lo realmente importante de este escándalo. El rescate del Gobierno español habría servido, presuntamente, para lavar el dinero negro de una organización criminal con raíces en Venezuela pero con conexiones en diferentes paraísos fiscales como Panamá, Gibraltar y Suiza.
La complejidad de este asunto se agrava con la participación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, impulsor del rescate a Plus Ultra. Zapatero, amigo íntimo de uno de los detenidos e imputados en esta causa, cobró de una empresa "zombi" la misma cantidad que esa sociedad había cobrado de Plus Ultra. El político socialista ha negado las informaciones periodísticas que lo señalan y ha tratado de sembrar sospechas sobre los seguimientos policiales que destaparon su extraña reunión con el imputado apenas tres días antes de su detención.
En la serie de cuatro capítulos que La Radioteca ha dedicado a contar la historia completa del caso Plus Ultra se explica quién está realmente detrás de la aerolínea, cómo maniobró el Gobierno con sus peones dentro de las instituciones para rescatar a esta empresa, el supuesto entramado de lavado de dinero negro que investigan Suiza, Francia y la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón, y el papel fundamental de Rodríguez Zapatero.
Para desentrañar esta complicada maraña, La Radioteca ha contado con la colaboración de periodistas como Miguel Ángel Pérez (Libertad Digital), John Müller y Borja Méndez (ABC), Esteban Urreiztieta y Carlos Segovia (El Mundo), Antonio Naranjo y Alejandro Entrambasaguas (El Debate) y José María Olmo (El Confidencial).
Mención aparte merece el abogado y economista Pedro Martín Molina, perito independiente al que la juez encargó el informe sobre la situación real de Plus Ultra, que aceptó someterse a las preguntas de La Radioteca, dejando un titular demoledor: Plus Ultra no debió ser rescatada ni devolverá el dinero.
La Radioteca ofreció a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, la posibilidad de participar en un careo radiofónico con el perito judicial para confrontar sus opiniones sobre la situación económica de Plus Ultra, antes y después del rescate. Pedro Martín aceptó el reto. Gualda ni siquiera contestó. Luego descubriremos por qué. Tampoco nos contestó la exministra Nadia Calviño. Quien sí lo hizo fue la empresa Plus Ultra.
La respuesta de Plus Ultra deja en evidencia a la SEPI
Es cierto que ningún máximo responsable de la aerolínea se sometió a nuestras preguntas personalmente, con el argumento de que están imputados y, por lo tanto, inmersos en un proceso judicial. Sin embargo, la empresa Plus Ultra respondió a las preguntas que les formulamos por escrito.
Una de las cuestiones que más nos interesaban era el detalle de la salida de los accionistas venezolanos, tal y como desveló el 19 de abril de 2026 el periodista de El Mundo, Carlos Segovia, después de que la presidenta de la SEPI ni siquiera mencionara esta importante circunstancia durante su comparecencia en el Senado. El 13 de abril de 2026, a Gualda le preguntaron expresamente "quiénes son los accionistas de Plus Ultra". La pregunta era pertinente porque cualquier cambio accionarial en Plus Ultra estaba prohibido si antes no se devolvían los 53 millones de euros de dinero público. Belén Gualda no dijo nada de los accionistas y eso que en ese momento ya sabía que la SEPI había cambiado las reglas acordadas en el rescate para que los accionistas venezolanos salieran de la aerolínea sin devolver antes el dinero.
En la nueva entrega de La Radioteca, Plus Ultra revela, por primera vez, la cronología completa de este cambio de criterio:
"El acuerdo de venta de acciones se produjo el 30 de mayo de 2025. Estaba sujeto a una doble condición suspensiva: La ratificación por la parte compradora y la concesión de la autorización por SEPI. La operación se perfeccionó el 10 de octubre de 2025, con la ratificación ante notario de la parte compradora. La autorización de SEPI se produjo el 21 de noviembre".
Gracias a este apaño, los accionistas venezolanos que estaban detrás de SNIP Aviation, la empresa que domiciliaron en España, pudieron salir de Plus Ultra sin tener que devolver el dinero prestado. Y todo gracias al cambio de criterio del holding controlado por el Ministerio de Hacienda. Cambio que se produjo el 21 de noviembre de 2025.
"El cambio de control de la compañía, sin el visto bueno de SEPI, era una causa de vencimiento anticipado de la financiación otorgada por SEPI tal y como se recoge en el acuerdo de financiación. Por esto la transmisión quedó sujeta a la condición de que SEPI la aprobara sin declarar el vencimiento de la financiación. Si SEPI no la hubiera aprobado en estos términos, la transmisión no se habría producido. Por tanto, no se han incumplido las obligaciones recogidas en el contrato de financiación de SEPI, en ningún momento".
Tras esta salida de los venezolanos, entre ellos Rodolfo Reyes, la persona que contrató para Plus Ultra a Julito Martínez Martínez y el hombre de confianza y socio de Camilo Brahim Issa (imprescindible escuchar el Capítulo Primero para saber su relación con Zapatero), el ahora imputado Julio Martínez Sola quedó como el claro accionista mayoritario de Plus Ultra con el 64,3% del capital.
Las fechas son muy importantes porque la autorización de la SEPI se produjo en plena investigación contra los dueños de Plus Ultra por un presunto blanqueo de capitales y sólo unos días antes de la detención de la cúpula de la aerolínea y del amigo de Zapatero. La autorización de la SEPI fue un 21 de noviembre de 2025, la reunión entre Zapatero y su amigo en El Pardo fue el 8 de diciembre, y la detención del presidente y del CEO de Plus Ultra, además de Julito Martínez, fue el 11 de diciembre. Como cuenta en La Radioteca el periodista de El Debate, Alejandro Entrambasaguas, esa operación de la UDEF y de Anticorrupción se tuvo que adelantar ante la sospecha de que alguien había dado un chivatazo.
¿Por qué no hacen público el expediente secreto?
Que los accionistas de Plus Ultra no podían salir de la empresa hasta que devolvieran el total del rescate es algo que permanecía oculto en el acuerdo confidencial entre la aerolínea y la SEPI. Nada se supo de esta cláusula hasta que la desveló el periodista Carlos Segovia. Ante la pregunta formulada por La Radioteca de por qué no quiere Plus Ultra que el expediente de solicitud del rescate sea público, la respuesta de la aerolínea fue la siguiente:
"En primer lugar, nos gustaría incluir una matización importante. A nuestro juicio la financiación obtenida por Plus Ultra no puede ser calificada como rescate ya que tenemos la obligación de su devolución asumiendo unos intereses muy considerables. Hasta la fecha se han pagado más de doce millones de euros sólo por este concepto.
La normativa de creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia gestionado por SEPI contempla expresamente el carácter reservado y confidencial del expediente. La aportación de datos que se hizo equivaldría a una due diligence con la correspondiente información muy detallada de negocio, márgenes, fijación de precios, cadena de suministro u operativa, entre otras.
La postura de la compañía en este punto, como en el resto del expediente de financiación, es cumplir con la normativa aplicable. De la misma manera nos acogeremos a la sentencia que dicte en su momento el Tribunal Supremo, que está conociendo en estos momentos esta cuestión. Si finalmente considera que la información de la financiación debe ser pública por parte de la compañía se respetará y cumplirá su decisión".
Silencio sobre Análisis Relevante
Más parcos en palabras han sido cuando les preguntamos por la relación de la aerolínea con la empresa del amigo de Zapatero, Julito Martínez.
"La Radioteca: ¿Quién tomó la decisión en Plus Ultra de contratar a Análisis Relevante?
Plus Ultra: La contratación de proveedores es una competencia de la dirección de la compañía.
LR: ¿Cuánto dinero ha pagado Plus Ultra a Análisis Relevante y a cambio de qué servicios?
PU: Plus Ultra, como la mayoría de las empresas, no facilita datos proveedores externos. Además, dado que actualmente se mantiene el secreto del sumario debemos mantener un criterio de prudencia y atenernos al consejo legal de nuestros abogados de no realizar manifestaciones sobre hechos o acontecimientos que presuntamente pudieran encontrarse involucrados en la causa judicial".
La empresa también justifica el no haber obtenido beneficios en toda su historia en que "una línea aérea suele tardar, aproximadamente, un mínimo de 5 años en empezar a generar beneficios, alargándose hasta 10, sin que sea anómalo". Y añade la circunstancia de la pandemia como justificación: "La compañía tenía estimado alcanzar su punto de equilibrio en el ejercicio 2020 para entrar en beneficio en los ejercicios siguientes. Lamentablemente el impacto absolutamente extraordinario del covid-19 en la actividad aérea en los ejercicios 2020 a 2022 impidió alcanzar las previsiones de resultados".
Plus Ultra desvela otra negociación con la SEPI
Plus Ultra espera obtener un EBITDA (resultados antes de descontar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) positivo de 7,5 millones en 2025. Preguntado entonces cómo y cuándo va a devolver los 53 millones, la aerolínea desvela dos cuestiones interesantes. La primera es que estudia una posible "ampliación de capital o entrada de inversores industriales", y que la compañía habría recibido "hasta tres manifestaciones de interés de potenciales inversores industriales". La segunda, que en estos momentos están "trabajando con SEPI y con los asesores financieros para adaptar el calendario de amortización del principal" y asegurar "la devolución de la financiación sin afectar a la capacidad financiera y operativa de la compañía".
El juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, decidió prorrogar de nuevo el secreto de sumario de la causa que investiga a Plus Ultra por su posible implicación en un delito de blanqueo de capitales. La siguiente fecha de la que estar pendientes es el 28 de mayo, aunque existe la posibilidad de que entonces se decida prorrogar la confidencialidad de las actuaciones. Habrá que esperar a que se levante el secreto de sumario, sea cuando sea, para completar por fin la historia del que puede ser el gran escándalo del sanchismo.