Los problemas para la mujer del presidente del Gobierno siguen creciendo. Y es que la carga probatoria acumulada por el juez Peinado, en contra de lo que aseguran algunos, es amplia y contundente. El último hallazgo del juez radica en que la esposa de Sánchez llevó a cabo todo el proceso de apropiación del software a espaldas de todos los implicados: se lo ocultó a la Complutense y a las propias empresas pagadoras del desarrollo informático. Una actitud que sólo puede encajar con el hecho de que ella sabía que lo que hacía no era, cuando menos, lo correcto o pactado.
El juez ha dejado constancia de este hecho por escrito: "En ningún momento se informó a la UCM o a las empresas que participaron en la financiación, patrocinio y desarrollo de la cátedra y del propio software de las actuaciones paralelas que se estaban llevando a cabo junto con María Cristina Álvarez Rodríguez, en particular en lo relativo al registro de marcas, la constitución de una sociedad mercantil y la utilización del software a través de la web transformatsc.org, sin poner en conocimiento que dicha web coincidía nominal y funcionalmente con los elementos previamente desarrollados en el ámbito universitario", señala uno de los escritos del juez. Cristina Álvarez era la asesora autoasignada por Begoña Gómez y que, realmente, era la directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez. Para colmo, aupada ahí tras ser amiga personal de Begoña Gómez y compañera de sus etapas previas de trabajo.
"Tras lo cual, la Universidad Complutense de Madrid inició actuaciones internas para esclarecer lo sucedido. Elaborado un informe en que se cuantifica un daño patrimonial directo para la UCM de, al menos, 108.765,79 euros, al que deben añadirse otros costes asociados no inicialmente incorporados, como los derivados de la dedicación del personal técnico y administrativo, así como de los recursos y servicios puestos a disposición del proyecto por la Universidad", añade el juez.
El auto señala que, a la vista de ello, la acusación sostiene que "el alcance económico del software excede ampliamente dichas cifras, en la medida en que no sólo se trata de un desarrollo técnico, sino de un activo integral que incorpora el know-how generado, el trabajo acumulado, la validación técnica y el resultado final de un proyecto plenamente funcional". Y concluye que "María Begoña Gómez Fernández no se apropia, por tanto, de un desarrollo incipiente, sino de un producto terminado, operativo y listo para su explotación, sin haber asumido los costes reales de su creación".
Hay que recordar que Begoña Gómez se enfrenta a un cuádruple procesamiento – malversación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida –. Y la carga probatoria incluye ya, por ejemplo, la documentación que acredita que Begoña Gómez creó una certificación profesional en base al software que permitía ser considerado como un operador que cumplía con los requisitos de la supuesta "transformación social competitiva" y eso puede facilitar la percepción de subvenciones.
Peinado también ha señalado en sus escritos que "debe añadirse, por su indudable relevancia, que el proyecto no se agotaba en el mero desarrollo interno de una herramienta tecnológica ni en la elaboración de una metodología de carácter académico", tal y como afirma la izquierda. Las distintas ramificaciones del Gobierno insisten en estos días en asegurar que no hubo explotación económica del software. Y eso no es cierto: "Incorporaba desde un inicio una evidente vocación de proyección externa y operatividad en el tráfico económico, mediante el diseño de una certificación profesional vinculada a la metodología TSC, orientada a acreditar que determinadas mercantiles reunían los estándares o condiciones exigidos para ser consideradas alineadas con la denominada transformación social".
TSC es la "transformación social competitiva" y eso implica que la empresa opera en líneas con las exigencias de la Agenda 2030, cuestión que puede facilitar el acceso a subvenciones de las que concede, entre otros, el Gobierno del marido de Begoña Gómez.