El Gobierno de Pedro Sánchez, que se declara "abolicionista de la prostitución", pese al uso que han hecho algunos de sus integrantes como José Luis Ábalos, ha concedido el permiso para expedir certificados de vulnerabilidad a una asociación que defiende el reconocimiento de la prostitución como "un trabajo". Se trata del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), que defiende "los derechos de los y las trabajadoras sexuales" y "promueve la sensibilización y la lucha contra el estigma".
Esta entidad "se oponen a que se multe a los clientes o a aquellos que alquilen pisos para el ejercicio del trabajo sexual". Recibe, además, financiación del ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy. En la web oficial de la organización se hace referencia al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, para el que ofrecen su ayuda si "eres trabajador/a sexual".
El grupo del PP en el Congreso se ha hecho eco de la contradicción del Ejecutivo, a través de una iniciativa parlamentaria promovida por Jaime de los Santos, diputado y vicesecretario de Igualdad del partido, a la que ha tenido acceso Libertad Digital. En ella denuncian que "de forma especialmente incoherente con ese declarado abolicionismo, el Gobierno ha recurrido, para colaborar en la tramitación de regularización y en la emisión de certificados de vulnerabilidad, al CATS".
Las leyes abolicionistas guardas en un cajón
El Ejecutivo de Sánchez, de hecho, ha anunciado una ley abolicionista de la prostitución y otra contra la trata y explotación de personas, aunque no ha registrado todavía ninguna de ellas. "Que una medida de regularización extraordinaria, que incluye la vía de la vulnerabilidad, se apoye precisamente en entidades que defienden el reconocimiento de la prostitución como trabajo resulta difícilmente compatible con el discurso abolicionista del Gobierno", señala el texto del PP.
El grupo de Ester Muñoz recuerda, además, que el ministerio de Igualdad de Ana Redondo aprobó dos leyes que modificaron el régimen de bases para el acceso a subvenciones y exigen, ahora, que la entidad solicitante "reconozca expresamente" como forma de violencia contra las mujeres la prostitución o explotación sexual.
"Igualdad puede excluir de la financiación pública a organizaciones con marcos conceptuales distintos al enfoque abolicionista, mientras sí se cuenta con organizaciones de ese perfil para intervenir en un proceso tan sensible como la regularización", señala el PP en su propuesta, donde critican que "el Gobierno opta por una política errática, improvisada y opaca que puede generar efectos contrarios a la protección de las mujeres más vulnerables".
Por todo ello, han presentado una batería de preguntas para que Igualdad aclare si "es coherente con su declarado abolicionismo que el Gobierno esté recurriendo a una ONG que se auto proclama "pro-derechos y favorable al reconocimiento del trabajo sexual", para tramitar la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular, mientras mantiene bloqueadas la anunciada ley integral contra la trata y la ley abolicionista de la prostitución".
Piden saber "qué criterios ha valorado el Gobierno para habilitar" a esta asociación y "qué coordinación mantiene este departamento con el ministerio competente en materia de inmigración en la emisión de los certificados de vulnerabilidad". El PP pregunta también "cómo justifica Igualdad" que se apoye en esta entidad para la regularización masiva mientras promueve retirar subvenciones a este tipo de organizaciones.