La crueldad se dice de muchas maneras en los seres humanos, desde la infancia a la vejez. Se trata de la disposición a infligir daño a un semejante, o a un animal, e incluso a uno mismo obteniendo placer o mostrando indiferencia ante ello. De sus muchas formas y modos, es de destacar la crueldad política, esa que se ejerce sobre los ciudadanos, sobre los adversarios e incluso sobre los propios partidarios. Se les causa dolor para conseguir fines propios y se contempla su sufrimiento con apatía.
A lo largo de esta legislatura se han visto numerosos actos de crueldad política por parte de un gobierno con indiferencia patológica hacia el malestar ajeno. Recuerden su comportamiento ante la pandemia de la covid-19, aquel ocultar los datos para impulsar una manifestación que acabó en contagio masivo o la impiedad civil de afirmar que se tomaban las decisiones de la mano de un Comité de Expertos que nunca existió.
Eruditos habrá que relacionen una tras otra todas las escenas de crueldad que hemos vivido, desde la humillación permanente de las víctimas del terrorismo etarra con el favorecimiento a sus verdugos a la puesta en peligro cierto de miles de víctimas de violaciones y agresiones sexuales con la Ley del Sí es Sí. No se olvide tampoco, entre las más egregias crueldades, la de abandonar a la suerte marroquí el destino de los centenares de miles de saharauis, vinculados a España por tradición y lenguaje. O la sufrida por los guardias civiles de Barbate sin medios y con sus operativos desbaratados en su lucha contra el narcotráfico.
Permítanme que, por ocurrir en plena campaña electoral andaluza, algo tan de actualidad, y por llover sobre mojado, recuerde la crueldad política suprema con la que este gobierno trata a la Guardia Civil. Antes de la II República, la relación del social-comunismo con la Guardia Civil fue de hostilidad manifiesta por considerar a la Benemérita como un arma de clase frente a los trabajadores. De hecho, la disolución del Cuerpo siempre estuvo en la cabeza de sus dirigentes y Largo Caballero lo consiguió de hecho en su etapa de gobierno a finales de 1936.
Tras la muerte de Franco, pareció que esa inquina contra la Guardia Civil había dado paso a una consideración pragmática sobre su papel en el sostenimiento del orden público, su carácter militar y su subordinación al gobierno. No obstante, episodios escandalosos como el del primer director civil de la misma, Luis Roldán, dejaron claro que no todo estaba resuelto y que era preciso tejer redes de confianza entre la política y la institución.
Pero ha sido en esta última década, especialmente en los años de Pedro Sánchez y su gobierno Frankenstein, cuando se ha vuelto a evidenciar alta tensión entre el Cuerpo y la facción socialista que se ha impuesto en el PSOE. De hecho, las investigaciones de la UCO sobre las presuntas actividades delictivas de su cúpula y la actuación impagable de la Guardia Civil contra la extensión de las mafias que trafican con drogas, han sido detonantes de esta nueva desconfianza.
Esta misma semana hemos visto cómo puede un gobierno actuar con suprema crueldad en una provincia, Huelva, que ya había sido ofendida y afrentada por el Ministerio del Interior desconsiderando a las víctimas, muchas onubenses, del accidente ferroviario de Adamuz. El pasado día 8 en una operación de interceptación de una narcolancha en aguas entre Punta Umbría y Mazagón, un choque de embarcaciones costó la vida de dos agentes.
La crueldad a que me refiero no es la de la insuficiente dotación humana y material de los agentes, que también. Su Comandancia en Huelva sufre de un déficit de 300 agentes y se sabía, porque se hizo público, que los narcotraficantes, que usan cada vez más el litoral onubense para la expansión de su negocio criminal, habían advertido que iban a morir guardias civiles.
Me refiero a la crueldad política de un gobierno que ni siquiera se digna a asistir al funeral y al entierro de dos servidores del Estado. No asistieron ni Pedro Sánchez, ni el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ni tampoco el actual vicepresidente del gobierno Carlos Cuerpo. En su lugar sólo estaban la secretaria de Estado de Seguridad y el Delegado del gobierno en Andalucía. Al dolor por la muerte de los compañeros se unía así el dolor por el desmerecimiento del gobierno, un acto de crueldad suprema e indiferencia.
Pero hubo otro acto de máxima crueldad en ese acontecimiento: mandar a la candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, cuando ninguno de los otros candidatos, ni Manuel Gavira de Vox, ni Antonio Maíllo, de Por Andalucía ni José Ignacio García, de Adelante Andalucía, quisieron politizar electoralmente la ceremonia. Si Juan Manuel Moreno asistió lo hizo como presidente de la Junta, lo que es natural y obligado.
¿Qué pintaba allí la candidata socialista? ¿En calidad de qué asistió? ¿En calidad de candidata? ¿Y eso no significaba tratar de rentabilizar electoralmente lo que debería haber sido respetado como lo que era, un funeral? ¿Acaso no fue otro acto de crueldad obligar a la pobre candidata Montero, que, como era de prever, se llevó los abucheos y la repulsa de los familiares y amigos de los fallecidos?
Si no fue obligada sino que lo hizo por decisión propia, ¿tan ciega o tan perdida está María Jesús Montero que no percibió que, en ausencia del Gobierno, de su presidente y del ministro Marlaska, ella, que ya no era vicepresidenta, sería considerada una intrusa oportunista y cómplice de la suprema crueldad del Gobierno?
Da incluso un poco de pena oírla despotricar con maneras de rufiana barriobajera sobre la corrupción de los demás cuando los juzgados están llenos de socialistas Debería echarle una pensada al papelón que le están haciendo representar en Andalucía. Tal vez perciba otra sutil crueldad.