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El miserable desprecio del Gobierno a la Guardia Civil

La muerte de estos guardias no son un "accidente" sino la crónica de unas muertes anunciadas por la falta de dotación que les ha negado el gobierno

La muerte de estos guardias no son un "accidente" sino la crónica de unas muertes anunciadas por la falta de dotación que les ha negado el gobierno
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. | Europa Press

La muerte del Capitán Jerónimo Jiménez y del guardia Germán Pérez, los dos guardias civiles que perdieron la vida el pasado viernes en acto de servicio al chocar sus embarcaciones durante una persecución a una narcolancha, pone de relieve, triste y nuevamente, el absoluto desprecio del gobierno de Sánchez, en general y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, muy en particular, a la falta de medios de los agentes en su lucha contra el narcotráfico en esta parte de España. Este desprecio, que ya se hizo patente, hace dos años, con la muerte de Miguel Ángel González y David Pérez, a los que unos narcos les pasaron por encima con una lancha en el puerto de Barbate, se ha mantenido impertérrito a lo largo del tiempo a pesar de las advertencias que desde entonces les han hecho llegar los sindicatos y los compañeros de los guardias civiles asesinados.

Asi, Marlarska sigue sin dar la mínima explicación de por qué tomó una decisión tan sumamente irresponsable y de tan trágicas consecuencias como la de desmantelar en 2022 el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON)Sur —integrada por 130 agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas y actividades ligadas a ella como el blanqueo de capitales, el crimen organizado y la corrupción—, a pesar de haber pulverizado las estadísticas en detenciones e incautaciones de alijos desde su creación. Era un grupo en comisión de servicio disponible las 24 horas y los siete días de la semana, cuyo desmantelamiento, no comunicado a la fiscalía, fue lógica y ampliamente jaleado por los narcos en las redes sociales.

Sin necesidad de retrotraernos tanto en el tiempo, hace escasos meses la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) volvía a reclamar que Huelva fuera declarada Zona de Especial Singularidad ante el avance del narcotráfico y el aumento de la presión criminal en la provincia. El informe reclamaba ampliar "al menos en términos globales, en alrededor del 20%" las plantillas operativas y reforzar especialmente las unidades de investigación. También denunciaba que los recursos actuales son "rudimentarios" frente a organizaciones cada vez más sofisticadas. La asociación aseguraba además que cerca del 50% de los agentes en Huelva todavía no dispone de chaleco antibalas individual y reclama pistolas táser, vehículos adecuados y más medios de autoprotección.

Otro tanto, se puede decir del caso omiso que el ministro dedicó a la reclamación que los propios compañeros de los guardias civiles muertos el pasado viernes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil (Sermas) trasladaron a sus mandos, en el que advertían hace escasos meses de los riesgos que corrían en las persecuciones con las narcolanchas. Así, los agentes advirtieron de como al utilizar lanchas semirrígidas de aluminio, sin cabina, sin visores nocturnos, sin medios no letales y con dotaciones reducidas a sólo dos guardias, eran impotentes o se jugaban literalmente la vida al tener que hacer frente a narcolanchas de hasta 16 metros, con cuatro motores de gran potencia (300cv cada uno), tripuladas por entre 4 y 5 individuos, en ocasiones armados y con actitud hostil. El gobierno también despreció esta advertencia como el elocuente hecho de que, bajo el mandato de Marlaska, todos los años el 40% de los agentes pide el traslado por la falta de medios y la peligrosidad del narco como tambien reflejan los más 240 incidentes en operativos, que se han acumulado desde 2018.

Mención aparte merecería las veces que la Guardia Civil ha reclamado sin éxito al Gobierno ser profesión de riesgo; pero más nauseabundo que ese desprecio a la vida de los guardias civiles y a su seguridad, es el desprecio que el gobierno de Sánchez, en general, y el ministro Marlaska, en particular, les ha mostrado a los agentes de la Benemérita hasta en su muerte. Así, ningún miembro del gobierno ha acudido al funeral por los guardias civiles caídos en acto de servicio. Es más, la impresentable candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía y ex funesta ministra de Hacienda, María Jesús Montero se ha permitido tratar la muerte de estos agentes como un "accidente", como si no fueran caídos en una persecución contra los narcos o como si las suyas no fueran la crónica de unas muertes anunciadas por la falta de dotación que insistentemente se le ha reclamado al gobierno

Este visto, sin embargo, que el Gobierno sólo tiene preocupación y recursos para aquellos que, como los separatistas, proetarras y demás ralea, pueden sostener a Sánchez en la poltrona.

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