En la última entrega del programa MA Confidential en Libertad Digital, se ha analizado en profundidad una exclusiva de Miguel Ángel Pérez que pone en una situación comprometida a la actual ministra de Hacienda y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. La información desvelada revela que un testigo presencial interpuso una denuncia ante la Guardia Civil tras coincidir con la ministra y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, en un hotel de Almería durante el verano de 2021. Este hecho supone un duro golpe a la credibilidad de la vicepresidenta, quien siempre ha negado cualquier vínculo con Fernández tras su salida de la SEPI.
El escenario de este encuentro fue el hotel Las Salinas, ubicado en el Cabo de Gata, donde Montero y Fernández compartieron habitación y realizaron vida de pareja en agosto de 2021. El testigo, que se encontraba de vacaciones con su familia, relató a los agentes cómo la ministra se comportaba con total naturalidad, llegando incluso a protagonizar conversaciones en tono de mitin durante los desayunos del establecimiento. Al interesarse por la identidad de su acompañante, el personal del hotel confirmó que se trataba de Vicente Fernández, una figura clave que en ese momento ya estaba salpicada por diversos escándalos de corrupción que afectaban al entorno del Gobierno.
La relevancia de esta estancia compartida trasciende lo anecdótico, pues desmiente de forma categórica las explicaciones dadas por la propia ministra en el Congreso de los Diputados. En diciembre de 2025, tras la detención de Fernández en el marco de la denominada operación Leire, Montero afirmó tajantemente que no había vuelto a tener contacto con él desde su cese en el año 2019. La existencia de esta denuncia ante la Benemérita demuestra que la ministra faltó a la verdad en sede parlamentaria, ocultando una relación que coincide temporalmente con los hechos que ahora investiga la Audiencia Nacional sobre el amaño de contratos públicos.
Vicente Fernández no es un desconocido para la dirigente socialista, ya que fue su mano derecha durante años en la administración andaluza antes de dar el salto a la presidencia de la SEPI. Su destitución en 2019 vino motivada por su implicación en el caso Aznalcóllar, pero la investigación actual de la UCO apunta a que Fernández continuó maniobrando en favor de determinadas empresas desde la sombra. El juez Santiago Pedraz indaga ahora si Fernández utilizó su influencia sobre la ministra de Hacienda para facilitar adjudicaciones millonarias, lo que constituiría un presunto delito de tráfico de influencias de extrema gravedad en el corazón del Ejecutivo.
La trama se vuelve aún más compleja al observar las conexiones de Fernández con la empresa Servinavar, investigada también en el marco del caso Koldo. Dicha compañía es propiedad de Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán, lo que evidencia que todas las redes de corrupción del sanchismo terminan conectándose entre sí en un entramado de intereses compartidos. Los investigadores de la UCO analizan con lupa estos nexos, ya que la relación sentimental o de extrema confianza entre la ministra y el principal investigado de la trama SEPI explicaría el inusual poder que Fernández seguía ostentando en la administración pública a pesar de su cese oficial.