El Gobierno de Pedro Sánchez no sólo es excluido de cumbres internacionales por su acercamiento a China y su choque con EEUU, también la regularización masiva está generando una gran controversia en Europa. Una política que aísla al país a nivel internacional, hasta el punto de rechazar la firma de una declaración que pide combatir la inmigración ilegal por ser contraria a la actuación del Gobierno, según ha podido saber Libertad Digital.
Ocurrió en la última Cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Armenia el pasado 4 de mayo. 33 países, de la cuarentena que se dieron cita, suscribieron una declaración para fijar postura frente a la inmigración ilegal. Entre los firmantes, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Grecia o Polonia. Incluso Dinamarca, gobernado por socialdemócratas.
Todos reafirmaron su compromiso de trabajar conjuntamente para hacer frente a la inmigración ilegal. España no estuvo entre los países adheridos, pese a tratarse de la frontera sur de Europa, como tampoco lo estuvieron Hungría, Lituania, Luxemburgo y Eslovenia, quedando así excluida del acuerdo que choca frontalmente con la regularización masiva aprobada por el Ejecutivo.
Entre las medidas adoptadas, una mayor "vigilancia y seguimiento para garantizar que se comparta información actualizada y mecanismos de seguimiento para reforzar la preparación y una respuesta coordinada". En cuanto a la asistencia humanitaria, el texto recoge la necesidad de "identificar oportunidades para intervenciones específicas que ayuden a quienes lo necesitan y disuadan los flujos desde los países de origen".
También, la "cooperación con organismos y agencias clave, y apoyar su labor, como ACNUR, la OIM y el Consejo de Europa". Especialmente relevante es el capítulo dedicado a la seguridad, dado que España está regularizando a presos en prisión preventiva y pide certificados de penales, pero no policiales. La declaración de Ereván apuesta por "mantener un enfoque central en la seguridad, la protección y la integridad efectiva tanto de las fronteras terrestres como marítimas".
Sobre la delincuencia organizada vinculada a la inmigración, se apuesta por "desplegar intervenciones específicas contra las mafias de tráfico de migrantes y trata de personas, así como contra sus cadenas de suministro, incluso mediante el uso de sanciones" y por "garantizar la existencia de acuerdos sólidos tanto para disuadir los movimientos migratorios desde los países de origen y tránsito como para aliviar la presión interna".
La declaración pide "utilizar todas las herramientas anteriores, junto con las políticas y los instrumentos diplomáticos disponibles, para coordinar los esfuerzos internacionales y proteger la integridad de nuestras fronteras". Los líderes acordaron mantener el foco en las cuestiones migratorias de cara a la próxima Cumbre que se celebrará en Irlanda.