El rescate de Plus Ultra se ha convertido en uno de los casos cerrados más polémicos de los últimos tiempos. Libertad Digital ya ha publicado las afirmaciones de uno de los peritos judiciales en las que asegura que el rescate no se debió conceder debido a la situación de la empresa y las pérdidas acumuladas previas.
También ha publicado este diario que la SEPI autorizó la salida de los accionistas venezolanos de Plus Ultra antes de las detenciones de la UDEF llevadas a cabo por las sospechas de vinculación a una trama de blanqueo de las Fiscalías suiza y francesa y pese a que el contrato del rescate lo impedía. Y ahora se confirma que Sánchez rescató a Plus Ultra con informes externos que no comprobaron la contabilidad de la aerolínea.
Las investigaciones judiciales han empezado ya a apuntar a una vinculación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con tramas de blanqueo de capitales a gran escala. Es más, el caso Plus Ultra ha empezado a estallar como detonante de todas esas investigaciones. Y justo en ese momento, una de las personas clave en las actuaciones y los rescates de la SEPI –José Ángel Partearroyo Martín, exdirector de Participaciones de la SEPI– ha dejado constancia en la Comisión de Investigación del Senado de un hecho decisivo en las ayudas a Plus Ultra.
Partearroyo fue el responsable de seguimiento del rescate a esa aerolína y de Air Europa. Y este excargo de la SEPI ha admitido que Plus Ultra tan solo presentó informes de auditores externos para solicitar el rescate y que esos auditores no comprobaron la contabilidad: "Ningún auditor comprueba que la contabilidad que le han dado es buena", admitió. Partearroyo, además, indicó que la SEPI tampoco hizo ningún tipo de pesquisa: "Nosotros partimos del informe del auditor externo de Plus Ultra y no lo podíamos poner en cuestión".
Versiones que no cuadran
El exdirectivo de la SEPI entró, para colmo, en una importante contradicción con el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, quien, por su parte, había asegurado que los informes de las direcciones financieras de la sociedad que justificaron ese rescate iban sin firma. Partearroyo, sin embargo, afirmó que esos informes sí iban firmados.
Hay que recordar que Pedro Sánchez aseguró que los rescates de Air Europa y de Plus Ultra se tramitaron con total normalidad. Y a estas alturas parece obvio que hubo de todo menos normalidad: llamadas y citas con Begoña Gómez, presiones de Zapatero en el caso de Plus Ultra y de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama en el de Air Europa o relaciones con Venezuela en ambos casos.
El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid-19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.
A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.
Del rescate a los calabozos
La Fiscalía Anticorrupción investiga ahora si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2021 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.
Pero, más allá de lo ya conocido, hubo discrepancias internas en el Ministerio de Economía con respecto a ambos rescates. Y es que técnicos del departamento que comandaba en aquellas fechas la ahora presidenta del BEI, Nadia Calviño, alertaron de que los dos rescates salvaban a empresas con dificultades previas. Y ese no era el sentido de la reglamentación que reguló el fondo de rescates.
En el Ministerio de Economía hubo voces discordantes por los dos rescates. ¿El motivo? Que el rescate, por su normativa, se tenía que limitar a empresas que hubiesen entrado en problemas por el covid-19, no las que la arrastraran previamente, y que redundaran en beneficio de la economía española.