El juez Peinado considera probado que Begoña Gómez se quedó con el software de la Complutense que permitía calcular las subvenciones que podía obtener una empresa de, entre otros, el Gobierno del marido de Gómez, Pedro Sánchez. Es más, el magistrado cree que la valoración de esta presunta apropiación indebida es superior al coste que tuvo el desarrollo del programa informático y que fue sufragado por Google, Indra, Telefónica y un concurso público de más de 60.000 euros. Cree que su valor superó los 300.000 euros.
El juez sostiene que "la combinación de estas aportaciones materiales e inmateriales permite concluir que el valor real del software y de su ecosistema supera ampliamente las cifras inicialmente cuantificadas, alcanzando estimaciones que exceden los 300.000,00 euros y que, atendiendo al potencial de explotación del know-how acumulado, pueden situarse incluso por encima del medio millón de euros".
Para el juez Peinado, "nos encontramos, en definitiva, ante un activo patrimonial de elevado valor que, en lugar de integrarse en el patrimonio de la Universidad Complutense de Madrid, quedó bajo el control y disposición exclusiva de Begoña Gómez, generando un perjuicio para la competencia y, al mismo tiempo, un beneficio directo para la misma al apropiarse de un activo que en ningún caso debía formar parte de su esfera patrimonial".
Y eso significa que el magistrado considera totalmente probada la presunta apropiación indebida de este software por parte de la mujer del presidente.
Pero es más, es que la esposa de Sánchez llevó a cabo todo el proceso de apropiación del software a espaldas de todos los implicados: se lo ocultó a la Complutense y a las propias empresas pagadoras del desarrollo informático. Una actitud que sólo puede encajar con el hecho de que ella sabía que lo que hacía no era, cuando menos, lo correcto o pactado.
El juez ha dejado constancia de este hecho también por escrito: "En ningún momento se informó a la UCM o a las empresas que participaron en la financiación, patrocinio y desarrollo de la cátedra y del propio software de las actuaciones paralelas que se estaban llevando a cabo junto con Cristina Álvarez, en particular en lo relativo al registro de marcas, la constitución de una sociedad mercantil y la utilización del software a través de la web transformatsc.org, sin poner en conocimiento que dicha web coincidía nominal y funcionalmente con los elementos previamente desarrollados en el ámbito universitario", señala uno de los escritos del juez.
Cristina Álvarez era la asesora autoasignada por Begoña Gómez y que, realmente, era la directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez. Para colmo, aupada ahí tras ser amiga personal de Begoña Gómez y compañeras de sus etapas previas de trabajo.
"Tras lo cual, la Universidad Complutense de Madrid inició actuaciones internas para esclarecer lo sucedido. Elaborado un informe en que se cuantifica un daño patrimonial directo para la UCM de, al menos, 108.765,79 euros, al que deben añadirse otros costes asociados no inicialmente incorporados, como los derivados de la dedicación del personal técnico y administrativo, así como de los recursos y servicios puestos a disposición del proyecto por la Universidad", añade el juez.
El auto señala que, a la vista de ello, la acusación sostiene que "el alcance económico del software excede ampliamente dichas cifras, en la medida en que no sólo se trata de un desarrollo técnico, sino de un activo integral que incorpora el know-how generado, el trabajo acumulado, la validación técnica y el resultado final de un proyecto plenamente funcional". Y concluye que "Begoña Gómez no se apropia, por tanto, de un desarrollo incipiente, sino de un producto terminado, operativo y listo para su explotación, sin haber asumido los costes reales de su creación".