El magistrado y portavoz del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, ha defendido la solidez jurídica de la investigación del caso Plus Ultra y ha advertido de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero podría enfrentarse a penas de entre "22 y 25 años de prisión" si se aplicasen las horquillas máximas previstas para los delitos investigados.
En La noche de Cuesta, Portillo ha rechazado las acusaciones de "lawfare" lanzadas desde el entorno socialista contra el juez instructor y ha subrayado que la causa "obedece a un impulso de la Fiscalía Anticorrupción" y no a una simple querella presentada por asociaciones, como Manos Limpias. "Independientemente de quién presente el hecho criminal, investigan los jueces y, si efectivamente se encuentran indicios, pues se sigue adelante", ha afirmado.
El magistrado ha recordado que la investigación lleva "más de un año" en marcha y ha señalado que el auto judicial recoge "el trabajo que se ha desarrollado durante todo ese tiempo". En este sentido, ha defendido que el documento judicial está "muy fundamentado" y responde a la complejidad de los delitos investigados, entre ellos blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
"Entre 22 y 25 años de prisión"
Portillo también ha destacado que la causa incluye "sociedades interpuestas, testaferros" y un "elemento internacional muy presente", lo que, a su juicio, explica la dificultad y duración de la investigación. "El auto es lo que hace recoger el trabajo que se ha desarrollado durante todo ese tiempo, más allá de quien haya decidido poner una querella o una denuncia", ha insistido.
Preguntado por las posibles consecuencias penales para Zapatero, el magistrado ha explicado que "si sumamos las penas más graves que están previstas para estos cinco delitos, en el Código Penal podemos estar hablando de entre 22 y 25 años de prisión". No obstante, ha precisado que esas cifras corresponden a las penas máximas teóricas y que "no podemos sumarlas aritméticamente, esto es más complejo".
Asimismo, ha criticado que ahora se cuestione la actuación judicial cuando durante meses nadie había denunciado supuestas irregularidades en la instrucción. "Hasta ahora nadie había hablado de lawfare con relación a este hecho", ha señalado, lamentando que esas acusaciones aparezcan "cada vez que se trata de investigar la corrupción que afecta al entorno del Gobierno".
En ese contexto, Portillo ha insistido en que lo importante es "dejar trabajar en paz y con independencia a los jueces".