Al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero lo han cubierto de elogios durante todos estos meses en los que estuvo bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, y esa actitud no ha cambiado tras su imputación por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Tanto el Gobierno como el PSOE han profundizado en la defensa férrea de la "inocencia" del dirigente socialista, llegando incluso a sostener argumentos basados en prejuicios, como el que lanzó la ministra portavoz, Elma Saiz, al afirmar que la denuncia fue presentada por "una organización ultra como Manos Limpias", cuando en realidad ha sido presentada por la propia Fiscalía Anticorrupción.
Esta imputación se suma a la sentencia del caso mascarillas, que mantiene en vilo al exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión por esta causa; al exsecretario de Organización Santos Cerdán, imputado por varios delitos; y a las dos citas judiciales pendientes que afectan al entorno del presidente del Gobierno, concretamente a su hermano y a su esposa. Una larga lista de escándalos que ha abierto un evidente frente de desmoralización en las filas socialistas, según admiten fuentes del propio partido, y cuyo desgaste se ha reflejado en las últimas cuatro citas electorales. La más reciente, con María Jesús Montero compartiendo escenario con Zapatero apenas unos días antes de su imputación por el caso Plus Ultra. "Hemos tenido siglos mejores", reconocen estas mismas fuentes, que observan cómo las figuras del entorno socialista van cayendo una tras otra, pese a los agasajos promovidos alrededor de Zapatero.
Las mismas fuentes reconocen que este tipo de asuntos afecta profundamente al electorado socialista, que se siente "desmotivado" y "desmovilizado". En todo caso, la respuesta interna pasa por hacer un llamamiento a la "calma" y por tratar de "reforzar el espíritu" socialista.
El Ejecutivo, que asegura "respetar la Justicia", ha comenzado también a cuestionar la actuación del juez instructor José Luis Calama, en una línea similar a la mantenida anteriormente con otros magistrados señalados por miembros del Gobierno, como el juez Peinado. "Van a por nosotros", denuncian fuentes socialistas, que interpretan esta actuación judicial como una ofensiva contra el expresidente.
Los 85 folios que apuntan a Zapatero como líder de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias" son papel mojado para los socialistas, que insisten en que "no existen pruebas", pese a que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal salieron del despacho de Zapatero, situado en la primera planta del número 35 de la calle Ferraz —muy próximo a la sede del PSOE—, y de la agencia de publicidad What The Fav S.L., propiedad de sus hijas, portando varias cajas con documentación, mientras un visiblemente nervioso Zapatero aseguraba no haber tenido "jamás" una "sociedad mercantil, ni en España ni fuera de España".