El bullicio confiado que mostraban los socialistas tras haber superado la crisis interna vivida después del informe de la UCO sobre Santos Cerdán ya es historia. "Igual se nos olvida cómo estaba el PSOE hace diez meses", respiraban tranquilos desde Ferraz tras el batacazo electoral en Andalucía, a modo de autoconvencimiento sin saber que dos días después saltaría todo por los aires. Ahora vuelven a revivir uno de sus peores momentos, incluso más amplificado, al estar implicado en este caso uno de sus principales referentes.
El golpe judicial que ha salpicado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha caído como una losa sobre un PSOE que observa con inquietud cómo viejos fantasmas vuelven a señalar a Ferraz, más aún en un año crucial para el presidente del Gobierno, que ya arranca su carrera hacia las elecciones autonómicas y, sobre todo, generales.
Nadie es capaz de verbalizar en público la magnitud de la preocupación, pero existe y, tras leer el auto del juez instructor José Luis Calama, crece. Y es que Rodríguez Zapatero es, junto a Pedro Sánchez, uno de sus principales activos políticos, manteniendo su labor como mediador internacional e interlocutor con la actual dirección socialista. Su sombra sigue proyectándose sobre decisiones estratégicas y equilibrios entre los socios de investidura de Sánchez.
El terremoto judicial ha provocado una mezcla de desconcierto y ansiedad dentro de las filas socialistas. Es "tremendo", reconocen fuentes del PSOE, que se mantienen perplejas ante las informaciones que afectan a una de las principales autoridades simbólicas del partido.
El temor no se limita únicamente al recorrido judicial del caso. Lo que inquieta es el daño acumulativo que esto puede traer al PSOE en el nuevo ciclo electoral que, si nada cambia, tendrá lugar en 2027, lo que genera un estado de histeria en algunos miembros de sus filas. Mientras el impacto reputacional resulta ya inevitable, en la dirección federal insisten en defender la inocencia del expresidente. Descartan cualquier irregularidad, aunque evitan hacer uso de la expresión 'poner la mano en el fuego' por alguien, bastante utilizada antes del informe de Santos Cerdán y que denotó la poca credibilidad de las palabras de quienes le defendían.