La Guardia Civil y los Carabinieri son cuerpos policiales con carácter militar. Los italianos, creados por Víctor Manuel I en 1814; los españoles por Isabel II en 1844. Ambos son Beneméritos y ambos tienen una unidad de policía judicial altamente especializada, el Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), formado en 1990, y la Unidad Central Operativa (UCO), en septiembre de 1987. Ahora, imaginen la escena. El capo de la Cosa Nostra envía un mensaje al general Salvatore Luongo, jefe de los Carabinieri: "Salvatore scusa, potresti dire a quel rompicoglioni di Vincenzo di lasciarci in pace? Vedi se riesci a fargli prendere una punizione per indisciplina". Vincenzo Molinese es el comandante del ROS. Bueno, pues algo así parece que ha pasado con la célula socialista que dirigía Leire Díez. Escribe el juez Santiago Pedraz: "Habrían llevado a cabo también actuaciones dirigidas, indiciariamente, a inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en los distintos procedimientos judiciales de los más variados modos". Entre ellos, "impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la Directora General de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada". Este actuar mafioso supone un salto cualitativo en el modo de operar del PSOE en sus prácticas corruptas. Presuntas, siempre presuntas.
Un salto cualitativo porque se ha convertido en rutina que la UCO entre en la sede socialista de la calle Ferraz -lo volvió a hacer el pasado 27 de mayo- y que los dirigentes del PSOE y sus portavoces espontáneos (estilo Luis Arroyo, presidente del Ateneo) pongan a caer de un burro a los jueces que cometen tamaña osadía. De los tiempos en los que Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura, acusaba al juez Marino Barbero (instructor de la causa Filesa) de "querer intervenir en política sin presentarse a las elecciones, dictando sentencias… al igual que hace ETA, que quiere participar en la vida política poniendo bombas", a las sutilezas, 30 años después, de los Oscar (López y Puente) advirtiendo de un golpe de Estado blando, poco ha cambiado en la estrategia del PSOE cuando se ve acorralado por los jueces de instrucción.
Como también, otro clásico en la galaxia de corrupción socialista (hoy todavía presunta) es la querencia por los informes sui géneris. En 1991 se destapó que los responsables de dos empresas sin actividad -Filesa y Time Export- asesoraban a los principales bancos sobre asuntos financieros y a las grandes constructoras sobre temas de construcción. A Cepsa le facturaron 85,6 millones de pesetas; a BBV, 42 millones; a Fomento de Obras y Construcciones, 29 millones. En total una cifra cercana a 1.000 millones de pesetas por informes inexistentes facturados por empresas dirigidas por responsables del PSOE. La UGT también hizo sus pinitos (el caso Enatcar en 1993) pero fue en plan aficionado, solo 14,6 millones por un informe que no apareció. Hace unos días, Libertad Digital publicó el contenido de dos documentos con el membrete de Análisis Relevante. Según el auto del juez Calama, la empresa administrada por Julio Martínez justificó pagos de 730.535 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas, por la elaboración de unos papeles sin sustancia y de periodicidad mensual.
Pero, comprenderán ustedes que entre insultar a los jueces y comprometer a la directora general de la Guardia Civil para que a los "rompicoglioni" de la UCO les busquen la avería, hay un paso… al abismo. Según he podido saber, al coronel Rafael Yuste (el jefe de la UCO cuando la célula socialista pedía "Balas mejor muerto") le abrieron tres expedientes informativos. Una "punizione per indisciplina" siguiendo (supuestamente) las ordenes de Leire Díez. El primero en diciembre de 2024 y al año siguiente en mayo y septiembre. Por resumir: en diciembre Lobato, Koldo, Aldama, Ábalos. En mayo las cloacas, Cerdán, Leire, Dolset y en septiembre el juicio al fiscal general. Asuntos investigados por la UCO y que afectan directamente al Gobierno y al PSOE.
Así que no debería extrañarnos si a la señora Mercedes González la terminan imputando de encontrarse indicios de que obedeció a la jefa de la célula de Ferraz. Lo que no es presunto es que siguiendo la cadena de mando, la señora González ordenó al director adjunto operativo, el general Manuel Llamas, que abriera estos expedientes y el DAO obedeció. Un papelón. La condición humana tiene estos misterios.
Cuando el teniente coronel Antonio Balas, con sus hombres de la UCO entró en la Dirección General de la Guardia Civil el pasado 27 de mayo, seguro que iba mascullando "que salgan esos mardito roedore". Porque, como ustedes saben, el bueno es Jinks, el gato, y los ratones Pixi y Dixi propagan la peste.