La larga sombra de la corrupción socialista se proyecta ya sobre el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y su partido, el PSC. Era inevitable que en alguna de las múltiples investigaciones que afectan al PSOE, a sus principales dirigentes y al entorno directo de Pedro Sánchez surgiera la vía catalana, aunque, por razones que escapan a toda lógica, quien fuera ministro de Sanidad durante la pandemia del coronavirus no se haya visto afectado por los sumarios abiertos en relación a la adquisición de material sanitario.
De lo que no puede escapar Salvador Illa es de su notoria complicidad con Pedro Sánchez y de su propio peso en los entramados socialistas. Ahora, la Audiencia Nacional investiga la posible participación del PSC en los pagos a la cloaca montada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la fontanera Leire Díez. En concreto se indaga si en los gastos de la última campaña de Salvador Illa se desviaron partidas para pagar a Díez. La propia Fiscalía Anticorrupción avala la petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil relativa a los datos fiscales y bancarios del PSOE y el PSC.
Al hilo de estas investigaciones, Illa ha reaccionado remarcando la independencia orgánica del PSC respecto al PSOE, matizando que su partido es el PSC y, tratando de zanjar la cuestión a la manera socialista, negándolo todo y diciendo que en su partido no hay corrupción. Lo dice el primer secretario del partido de Filesa –Josep Maria Sala–, Pretoria –Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma–, Mercurio –Manuel Bustos, alcalde socialista de Sabadell–, entre otros. Y lo dice también el presidente de la Generalidad que trata por todos los medios de esconder el caso de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), donde confluyen toda clase de irregularidades económicas con la desatención y los abusos a los menores porque salpican a sus imprescindibles socios de ERC.
Por razones que escapan también a toda lógica, Salvador Illa accedió a la presidencia de la Generalidad con fama de gestor eficiente e incluso brillante. Prueba de tamaña falsedad son el colapso ferroviario en la región, la peste porcina, el incremento de la criminalidad, los ajustes de cuentas a cuchillo o a tiros en la vía pública, las huelgas de médicos y docentes, la crisis del sistema educativo y la asunción de los más disparatados y totalitarios criterios lingüísticos del separatismo contra el idioma español.
La gestión de Illa se traduce en un caos monumental. Trenes con retrasos insoportables, autocares atestados de usuarios maltratados, servicios públicos colapsados, un sistema educativo con resultados catastróficos en idiomas y matemáticas, listas de espera tercermundistas en la sanidad pública y una crisis de vivienda agudizada por topes y reglas que reducen la oferta y dificultan aún más el acceso de jóvenes y familias a un piso. Esas son algunas de las consecuencias de tan brillante gestión, intercalada además con episodios como la firma de un contrato con Huawei para la fibra óptica de las infraestructuras catalanas de legalidad cuanto menos dudosa.