El Partido Popular Europeo interpela a la Comisión Europea sobre el posible uso de fondos destinados a la campaña europea de Teresa Ribera para pagar a la cloaca del PSOE, según revela el último informe de la UCO sobre las actividades de Leire Díez, que investiga el juez Pedraz de la Audiencia Nacional. El partido de Dolors Montserrat pregunta "si es compatible con el artículo 2 del Tratado de la UE". Ribera evitó esta semana responder desde Bruselas a la corrupción que afecta a su Gobierno, tal y como publicó Libertad Digital.
En el artículo 2 se recogen los principios fundacionales europeos, como el respeto al Estado de derecho, motivo por el que también firma la iniciativa el presidente de la Comisión de Libertades (LIBE), Javier Zarzalejos, al considerar que lo conocido puede influir en la evaluación anual que hace la UE al respecto de cada uno de los países miembros. Sus conclusiones se dan a conocer en el mes de julio.
Por ello, el PP solicita a la Comisión que aclare si considera compatible con dichos valores que fondos declarados como gastos de campaña para las elecciones europeas sean utilizados para la obtención de información privada sobre adversarios políticos o terceras personas ajenas a la campaña. El dinero habría ido a pagar grabaciones hechas en las saunas-prostíbulo del suegro de Pedro Sánchez.
La secretaria general del PPE asegura que cada nueva revelación de la corrupción del PSOE apunta a un mismo patrón: "La utilización de recursos, estructuras y relaciones de poder para proteger al entorno político de Pedro Sánchez frente a investigaciones judiciales y policiales, lo cual es de una gravedad que supera todo lo que hemos conocido en Europa". "No podemos olvidar que en esa estructura criminal está el número dos del partido Santos Cerdán y ha sido imputada, también, la gerente del PSOE", añadió.
Por su parte, Zarzalejos ha indicado que la transparencia en la financiación política no es una cuestión partidista, sino un requisito básico del Estado de Derecho y de los valores sobre los que se fundamenta la Unión Europea, por lo que la CE no puede mantenerse ajena a lo que está ocurriendo. "No estamos pidiendo a la Comisión que prejuzgue una investigación judicial, sino que se pronuncie sobre los estándares democráticos y de integridad que deben regir la financiación de las campañas electorales en la Unión", añadió.