Este Gobierno ha acumulado la mayor cantidad de casos de corrupción imaginable en los últimos tiempos. Pero ahora, ese mismo Gobierno, el de Pedro Sánchez, asegura que abandera una reforma legal urgente para combatir su propio mal. La clave de esa reforma es un Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública en el que se asegura que se debe apartar a los notarios para que los contratos privados –como el que acredita la propiedad de Santos Cerdán del 45% de las participaciones de Servinabar– pasen directamente a constar en el Registro Mercantil. El pequeño detalle escondido en ese anteproyecto es lo que pasaría a partir de ese momento con un mecanismo denominado OCP –Órgano Centralizado de Prevención de Capitales– , la joya de la corona en el seguimiento de testaferros y sociedades pantalla diseñadas para el blanqueo. Y es que el OCP directamente quedaría cegado, muerto, anulado. Porque son los notarios los que se encargan de introducir toda la información en esa gigantesca base de datos a la que acceden sin parar los agentes de la UCO y la UDEF en todas sus investigaciones de tramas como la de Zapatero, Cerdán , Ábalos, Koldo…
Los notarios alertan del cambio que prepara el Gobierno y del efecto brutal que tendría al cegar la operativa habitual de los guardias civiles de la UCO y los policías de la UDEF. Y es que, bajo la apariencia de una supuesta mayor transparencia al recoger en el Registro Mercantil los documentos privados –tampoco se llega a saber qué motivaría que un delincuente pasase a registrar su plan de fraude– , se recoge un verdadero desmantelamiento de un sistema de control que sirve información actualizada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de todos los casos sospechosos de blanqueo con especial atención a las personas con relevancia política: "Entre otras muchas cuestiones, el ALOIP [Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública] supone una reforma radical del régimen de transmisión de participaciones previsto en nuestra normativa mercantil, ya que, de aprobarse la norma y constar en documento público notarial dicha transmisión, pasaría a efectuarse mediante un documento privado sin control de tipo alguno". ¿Qué esconde la norma? "Cabe recordar que desde el 1 de enero de 2004 la totalidad de los documentos públicos notariales son trasladados a una base de datos en campos estructurados (el índice único informatizado notarial) y, por tanto, parametrizada en la que consta la información de quién es ese socio; y, además, tal constancia se hace con relación no sólo a su condición –la de socio– , sino a la concreta titularidad de la participación (propiedad) de quien tiene tal condición. En otras palabras, en tal IUI consta la concreta propiedad de cada participación de una sociedad de responsabilidad limitada, de modo que, derivado de dicha base de datos (índice único informatizado) se llega a conocer quién es su propietario", el real, no el testaferro.
"El contenido de ese documento público notarial, con periodicidad quincenal, se graba en formato estructurado en una base de datos parametrizada, donde consta toda la información de cualquier documento público autorizado o intervenido en España por notario desde el 1 de enero de 2004. La información obrante en esta base de datos tiene valor documental público, de modo que ya desde hace años para conocer quién es el propietario de las participaciones y el titular real, acceden a esa base de datos Jueces, Fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, SEPBLAC o CNI".
Lo cierto es que los notarios tienen la obligación expresa de ser "guardianes de la legalidad" en operaciones de riesgo (como compraventas de inmuebles, constitución de sociedades o movimientos de grandes capitales). Y esa labor se apoya en tres pilares fundamentales:
El citado Índice Único Informatizado Notarial, una de las bases de datos más extensas de España (solo por detrás de la Agencia Tributaria) en la que se vuelcan e indexan todos los documentos y operaciones que se firman ante notario en el país.
La Base de Datos de Titularidad Real (BDTR), que permite saber exactamente quién o quiénes son las personas físicas que están detrás de una sociedad o entramado empresarial con el fin de evitar el uso de pantallas o testaferros para ocultar dinero ilícito.
Y la, ahora muy temida por el PSOE, identificación de Personas con Responsabilidad Pública (PRP): Una base de datos que rastrea operaciones vinculadas a cargos políticos o de alta dirección pública para prevenir la corrupción y el desvío de fondos y trasladar esa información a la Guardia Civil o Policía Nacional en sus investigaciones judiciales.
El sistema español es todo un referente internacional y desde su creación, el OCP –que integra todo lo citado anteriormente– ha gestionado más de 400.000 requerimientos de información solicitados por jueces, fiscales, Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria. Su eficacia es descriptible: cerca del 80% de las comunicaciones por operaciones sospechosas que el OCP remite al Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) terminan siendo judicializadas o incorporadas a investigaciones policiales en marcha.
Y todo eso es lo que ahora pretende cegar el Gobierno bajo el pretexto de una supuesta mayor trasparencia.