Si se tienen presentes las muchas veces en las que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó tajantemente que Leire Díez —acusada en la trama destinada a boicotear las investigaciones por casos de corrupción que pudieran afectar al Gobierno y al entorno familiar del presidente— hubiera mantenido alguna reunión con la directora de la Guardia Civil –a su vez, exsecretaria general del PSOE en Madrid– Mercedes González, se puede comprender el nervioso balbuceo del ministro una vez que la directora ha tenido que admitir ante el juez que ambas se reunieron en dos ocasiones.
Otro tanto se puede decir de la tajante declaración del ministro según la cual no se había dotado nunca de escolta a esta implicada en la trama, afirmación que Grande-Marlaska ha tenido que corregir en el plazo de 24 horas una vez que el propio Ministerio del Interior tuviera que admitir que dotó a la imputada de un servicio de contravigilancia.
Pues bien. Este miércoles se ha sabido algo, no previamente desmentido por el Gobierno pero que sí ha salido a la luz gracias a la iniciativa personal de las dos fiscales anticorrupción del caso Leire, Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, como es el hecho de que la fontanera se reunió hasta en dos ocasiones en la sede de la Fiscalía General del Estado junto al abogado Jacobo Teijelo nada menos que con Diego Villafañe, la mano derecha del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz.
Recordemos que los informes de la UCO revelados en el sumario recogían mensajes de Díez que apuntaban a reuniones "en FGE" con el objetivo de atacar a los objetivos de las cloacas del PSOE por medio del ofrecimiento de pactos a imputados en otras causas. Este fue el motivo por el que las dos fiscales del caso se saltaron los canales oficiales para indagar en estas cuestiones y solicitaran directamente al juez Pedraz que reclamase a la Fiscalía General del Estado la información relativa a estos encuentros con los imputados en la causa.
Si tenemos presente que la Fiscalía General del Estado, en su respuesta al juez Pedraz, ha tenido que admitir que esos dos encuentros, efectivamente, se produjeron y que el entonces fiscal general fue informado de ambos, es comprensible que la sombra de la sospecha se haya cernido sobre la mismísima cúpula del Ministerio Público. Más aún, cuando entonces lo dirigía Álvaro García Ortiz, quien terminó siendo condenado por un delito en favor del PSOE como fue el de la revelación de secretos en relación a la investigación del pago de impuestos de la pareja de Ayuso.
Lo que apunta, en cualquier caso, estas revelaciones sobre las "andanzas" de Leire Díez es que, lejos de ser una mindundi que presuntamente delinquía por cuenta propia en defensa del Gobierno y del entorno familiar de su presidente, era, junto al entonces mano derecha de Sánchez, Santos Cerdán, piezas de una organización mafiosa con acceso a organismos tan importantes como la Dirección General de la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado.
Que esta trama con tan largos tentáculos actuara en beneficio del presidente del Gobierno, pero sin el conocimiento y la aquiescencia de este, es algo difícilmente creíble. Y en cualquier caso, y tal y como Feijóo le ha espetado a Sánchez en una dura y espléndida intervención: "Si usted lo sabía todo, debe dimitir por corrupción; y si no lo sabía, debería dimitir por incompetente".