La valoración en más de un millón trescientos mil euros de las joyas que José Luis Rodríguez Zapatero ocultaba en una caja fuerte de su despacho frente a la sede del PSOE ha propiciado que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya imputado al expresidente de Gobierno por delitos fiscales y de contrabando, que se suman a los de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. El valor de las joyas, su falta de trazabilidad fiscal y la ausencia de documentación sobre su origen son elementos que acorralan al referente político y moral del sanchismo. La estrategia de su defensa, basada en tratar de conseguir la nulidad de las pruebas, es una muestra evidente de las dificultades de la representación de Zapatero para evitar el peor de los escenarios: la cárcel.
Que quien se las daba de honradez absoluta, desinterés por el dinero y beatitud socialista ha resultado ser todo lo contrario, con el agravante de que mientras amasaba una fortuna y se erigía en faro y luz de la honorabilidad del PSOE ejercía como agente blanqueante de una dictadura tan siniestra y criminal como la venezolana y trababa provechosas conexiones en China. Ni siquiera parece haber tenido reparos en utilizar a sus propias hijas como tapaderas en el cobro de dinero de origen como mínimo incierto. En el colmo de la impostura y el disimulo aún se permitió el lujo de tener un papel protagonista en la campaña que condujo al desastre a su partido y a María Jesús Montero en Andalucía.
A la espera de su comparecencia judicial en los próximos días, que su portavoz, el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, haya pedido disculpas por decir que el valor de las joyas oscilaba entre treinta y cincuenta mil euros no sólo es un reconocimiento de culpa ante semejante desfachatez sino que muestra también la inexorable descomposición de los núcleos corruptos del socialismo. Ni colaba esa valoración ni cuela que las joyas sean fruto de una herencia familiar de su esposa. Lo primero que debería hacer Arroyo para resultar creíble es delatar a quien le sugirió que recorriera los medios con semejante bulo.
En la corrupción socialista destaca aún más que el papel de Zapatero el de la Fiscalía General que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se jactaba de controlar en una célebre entrevista radiofónica. Las reuniones secretas de la fontanera Leire Díez con Diego Villafañe, mano derecha del exfiscal general Álvaro García Ortiz, resultan sumamente indiciarias de la contaminación del órgano fiscal, convertido por Sánchez en una extensión muy principal de sus cloacas. Y la política de ascensos, con la fiscal Pilar Rodríguez elevada al Tribunal Supremo en calidad de fiscal de lo social, es otra muestra del aparente pago de los servicios prestados a la colaboradora de García Ortiz que lamentó no poder incluir más "cianuro" en la nota de prensa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso elaborada en las siniestras dependencias de la Fiscalía General.
La condena de García Ortiz por ese asunto y las reuniones de Leire Díez en la fiscalía son hechos de una naturaleza tan grave que permiten afirmar que el sanchismo ha tratado no sin notable éxito de convertir el Ministerio Público en una suerte de sindicato dedicado a cubrir y proteger al presidente del Gobierno, su entorno más directo, sus colaboradores políticos y su partido. Las consecuencias legales de todo ello deberían ser demoledoras y servir para limpiar la cúpula fiscal de elementos caracterizados por una fidelidad perruna a Moncloa en claro detrimento de sus más elementales funciones.
La podredumbre de la corrupción sanchista ha erosionado de un modo inédito en nuestra historia un órgano esencial para el correcto funcionamiento de la democracia y la separación de poderes. Una cuestión menor para un presidente del Gobierno obsesionado con aprovecharse del Estado y destruir a quienes no asuman, justifiquen y tapen las fechorías de un Gobierno cuyos miembros sólo tienen una función, proteger a su jefe aunque les vaya en ello una más que segura imputación.
Nada les detiene. Han asaltado la Fiscalía, amenazan a los jueces que se limitan a cumplir su labor, tratan de chantajear a los testigos de sus delitos y utilizan cualquier medio a su alcance, por ilícito que resulte, para protegerse de la acción de la justicia. Carecen de la más mínima noción de la higiene política y se han apoderado de instituciones como el Tribunal Constitución, donde Cándido Conde Pumpido se dedica a borrar condenas y dar una imposible pátina de legalidad a un régimen de corrupción generalizada.
Sólo la decidida acción de los jueces y de los fiscales no contaminados por los mandos colocados por Pedro Sánchez evita por el momento la consumación de los planes autoritarios de una gente que tenía y tiene como un auténtico referente a un presunto contrabandista de joyas y un seguro valedor de tiranos y delincuentes internacionales, que no otra cosa es el supuestamente beatífico Rodríguez Zapatero. Las cloacas socialistas se han desbordado y señalan el camino de José Luis Ábalos y compañía para no pocos dirigentes del PSOE.