Tras haberse agotado el plazo que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se había marcado para explicar el origen de las joyas halladas en su despacho de la calle Ferraz, el silencio sigue siendo la única respuesta. Ni una explicación convincente sobre un botín valorado en 1,3 millones de euros, ni un relato capaz de despejar las sospechas que rodean a su procedencia.
Mientras la causa judicial avanza y el expresidente continúa siendo investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y fraude fiscal, la estrategia parece consistir en ganar tiempo. A ello se suma la negativa de su secretaria, Gertrudis Alcázar, a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado al acogerse a su condición de investigada, una decisión plenamente legítima desde el punto de vista procesal, pero que alimenta todavía más la sensación de opacidad que rodea el caso.
En este contexto, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un paso más al ofrecer a la Abogacía del Estado la posibilidad de personarse en la causa en representación de la Agencia Tributaria. Sin embargo, en el Ministerio de Hacienda vuelve a imponerse la cautela y las dilaciones. La respuesta oficial es que los servicios jurídicos están "estudiando" la decisión. Una fórmula que empieza a sonar demasiado familiar y que el PSOE también emplea sistemáticamente cuando se le pregunta por la posible querella contra la denominada fontanera del partido, Leire Díez.
Más de un año después de que salieran a la luz las primeras informaciones sobre su papel, la dirección socialista continúa sin mover ficha. El inmovilismo ya no parece responder únicamente a una cuestión de prudencia jurídica, sino al temor de que una eventual ofensiva judicial acabe provocando el efecto contrario: que quienes hasta ahora han guardado silencio decidan colaborar con la Justicia. El precedente de Víctor de Aldama, cuya estrategia de cooperación le ha reportado importantes beneficios procesales en la investigación sobre las mascarillas, planea inevitablemente sobre Ferraz.
La explicación ofrecida por Hacienda tampoco termina de disipar las dudas. Según sostienen fuentes del departamento, al no existir —a su juicio— indicios suficientes en el sumario que justifiquen la apertura de esa pieza separada desde la perspectiva tributaria, la Administración carecería de base para personarse. Una interpretación que, en la práctica, supone mantenerse al margen de una investigación con evidente trascendencia económica y fiscal. Mientras tanto, el Gobierno insiste en invocar la presunción de inocencia del expresidente.