En una nueva entrega de MA Confidencial en Libertad Digital, se analiza en profundidad lo que ya se califica como un escenario de corrupción sistémica en el seno del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Las últimas novedades judiciales sitúan el foco sobre la denominada trama de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, conocida como la SEPI. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz, ha imputado a 25 personas en el marco de esta investigación, abriendo un cisma político de enormes proporciones para el Partido Socialista Obrero Español.
La investigación liderada por la Audiencia Nacional cuenta con dos ramificaciones principales muy claras. Por un lado, se indaga en el amaño de contratos y adjudicaciones públicas de la SEPI; por otro, se investiga la rama de la llamada cloaca del PSOE, en la que aparecen señalados nombres como el de la fontanera del partido Leire Díez o el empresario Javier Pérez Dolset. Según las informaciones desveladas por Libertad Digital, las pesquisas judiciales apuntan a que la cifra final de imputados y testigos que deberán declarar ante el magistrado Santiago Pedraz superará holgadamente el centenar de personas.
La dimensión del escándalo es mayúscula si se tiene en cuenta que la SEPI es una de las instituciones públicas con mayor peso presupuestario e industrial del Estado, al aglutinar a las principales empresas públicas del país. Las pesquisas apuntan a que esta corporación se habría instrumentalizado presuntamente como un mecanismo para el desvío de fondos y el cobro de comisiones ilegales o mordidas, beneficiando a altos cargos gubernamentales, ministros y empresarios vinculados al entorno del Gobierno socialista.
Entre los 25 nuevos imputados por el juez Santiago Pedraz destacan figuras de la máxima relevancia institucional. Sobresale la imputación de la actual presidenta de la corporación pública, Belén Gualda, así como la de Concepción Ordiz Fuertes, presidenta del Tribunal de Recursos Contractuales. Esta última, un alto cargo del Ministerio de Hacienda, fue propuesta directamente en su día por la ministra María Jesús Montero, lo que estrecha el cerco judicial sobre la cúpula del Ministerio de Hacienda.
De hecho, la situación de la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero, es sumamente delicada. Al estar la SEPI adscrita orgánicamente a su departamento ministerial, ella figura como la máxima responsable política durante los años investigados. Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, ya existen indicios directos que apuntan a la ministra, por lo que el sentido común procesal sugiere que podría terminar imputada en esta macrocausa de corrupción.