No quisiera haberme excedido en el título, no era esta mi pretensión, pues mi opinión, publicitada con frecuencia, ha sido siempre de admiración hacia las intervenciones públicas del actual gobernador del Banco de España, sobre todo, en su tiempo como presidente de la Airef.
De aquí que el título podría interpretarse como incomodidad personal, no tanto en lo dicho por el gobernador José Luis Escrivá, como en la oportunidad de su publicación, pues sobre la vivienda y sus problemas, tanto para el acceso a su propiedad como a su arrendamiento, han corrido ya ríos de tinta, especialmente desde la Ley de Vivienda (26 mayo 2023) hasta nuestros días.
No es errado, y justo es reconocerlo, cuando en un medio de los de mayor difusión acotaba su intervención bajo un titular suficientemente expresivo: "La vivienda es una emergencia nacional", y es bien cierto el calificativo.
El gobernador Escrivá, riguroso como siempre en sus análisis, atribuye a la mala calidad de las Administraciones Públicas la escasez de oferta de vivienda pública, que es la determinante parcial de la crisis que estamos viviendo. Explícitamente, nada dice respecto a la escasez de vivienda privada, quizás porque ello pertenezca a la decisión soberana de los inversores privados.
Aunque, también en este segmento, podría el gobernador Escrivá haber responsabilizado a la mala calidad de la Administración, o de las Administraciones Públicas, de la escasez de oferta, poniendo su acento en el exceso de regulación, en la arbitrariedad ocasional de las decisiones y de lo que es peor, en haber diseñado un entorno en el que el Derecho Privado, que es el propio en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, se haya convertido en un instrumento de escasa eficacia, cuando una de las partes –la arrendataria– pertenece al grupo social vulnerable que, protegido por tal circunstancia, dificultará el desahucio y subsiguiente lanzamiento por impago del precio pactado, convirtiéndose en ocupa/okupa.
La propia Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha criticado con gran rigor los efectos de la Ley de Vivienda de 2023, afirmando, tras sus tres años de vigencia, que lejos de resolver los problemas del mercado de alquiler, ha acentuado sus dificultades en todo el territorio nacional.
Es más, "donde se ha optado por implementar normas restrictivas y controles de precios, la ley ha resultado contraproducente al provocar una drástica reducción de hasta un 50% o más de la oferta disponible, por el éxodo de propietarios de las formas de alquiler tradicional".
En conclusión, si el sector privado decide no invertir en viviendas para alquiler –por los desincentivos administrativos, por la ineficacia de un Estado de Derecho ante incumplimientos contractuales…– y el sector público es ineficaz para ofrecer vivienda pública en alquiler, concluiremos que es muy cierta la valoración del gobernador Escrivá de que la vivienda en España es un caso de emergencia nacional.
Mientras, el Gobierno, erre que erre, sigue pensando en nuevas medidas, la mayoría ya rechazadas anteriormente… y la ministra de Vivienda, su vocera, anunciando con más retraso y mayor ineficacia que ningún manga verde su paquete de medidas; una intervención obsoleta y estéril.