A la Abogacía del Estado no le quedaba otra opción que personarse en representación de Hacienda en el caso de las joyas del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hace, eso sí, después de dilatar una decisión políticamente incómoda. Resulta difícil sostener desde el Ejecutivo la inocencia del "faro moral" del socialismo mientras, al mismo tiempo, se investiga un presunto fraude fiscal vinculado a un botín de joyas hallado en su despacho, valorado en 1,3 millones de euros y cuya procedencia sigue sin aclararse porque el expresidente continúa sin ofrecer explicación alguna.
Aunque la personación de la Abogacía del Estado era una obligación legal, ya que no podía permanecer al margen de un procedimiento en el que se investiga un presunto delito contra la Hacienda Pública, su trascendencia política es indiscutible. Personarse no equivale a declarar culpable a Zapatero, pero sí supone reconocer que existen indicios suficientes como para que el Estado participe activamente en la investigación. Una circunstancia que choca frontalmente con el relato construido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha asumido la defensa de Zapatero como una cuestión de Estado para su Gobierno.
Escudándose en su legado político y sosteniendo que una causa de estas dimensiones no puede empañar su trayectoria, Moncloa y Ferraz han seguido con extremo cuidado cada avance de la investigación sin mover un milímetro su discurso. Todo ello pese al creciente desgaste que supone aferrarse a un expresidente sobre el que cada vez afloran más informaciones relativas a sus negocios y a las presuntas influencias que ejercía a cambio de mordidas.
El Gobierno ha recurrido sistemáticamente al término "bulo" cuando las investigaciones afectan a su entorno. Sin embargo, la personación de la Abogacía del Estado rompe ese esquema. Ya no se trata únicamente del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ni de unos medios de comunicación a los que el Ejecutivo desacredita calificándolos de "pseudomedios". Es el propio Estado el que ha decidido entrar en el procedimiento para defender los intereses de la Hacienda Pública.
Por eso, en Moncloa intentan separar ambas cuestiones apelando a la "normalidad" de la actuación de la Abogacía del Estado. Ningún miembro del Ejecutivo ha querido pronunciarse sobre el asunto y todas las preguntas han sido desviadas hacia los servicios jurídicos. Pero esa estrategia resulta cada vez más difícil de sostener. La investigación ha dado un salto cualitativo y el Gobierno ya no puede desentenderse de un procedimiento en el que un expresidente al que sigue respaldando políticamente está siendo investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.