Durante la emisión del programa conducido por Carlos Cuesta, La Noche de Cuesta, el subinspector de Policía y portavoz de la asociación Juntos POLGC, Alfredo Perdiguero, arrojó luz sobre los datos internos que manejan las fuerzas de seguridad respecto al proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Perdiguero reveló la existencia de un informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, fechado el 2 de febrero de 2026 y dirigido al ministro del Interior, Germán Blasca, en el cual ya se estimaba que la cifra de beneficiarios ascendería a 1.250.000 ciudadanos extranjeros. Este dato contrasta con el "medio millón" anunciado inicialmente por el Ejecutivo.
El subinspector subrayó la gravedad del desfase en las cifras oficiales. Si el Gobierno reconoció en un principio la presencia de 850.000 inmigrantes en situación irregular, el salto a las cifras actuales evidencia una entrada masiva de personas que no cumplirían con los requisitos legales establecidos, como el de estar empadronados antes del 31 de diciembre de 2025. "Han entrado 400.000 en los últimos meses (...). Han omitido, han tapado y han ocultado este informe porque no les interesaba", denunció el portavoz policial.
Ausencia de controles y un preocupante aumento de denuncias falsas
Uno de los puntos más críticos de la intervención de Perdiguero fue la denuncia sobre la aparente falta de rigurosidad en la verificación de la identidad y el historial de los solicitantes de la regularización. "¿Quién ha comprobado la falsedad documental? ¿Quién ha comprobado antecedentes? Nadie. Por tanto, lo van a dar a la buena de Dios. Decidido como en una tómbola", aseveró el subinspector.
Asimismo, se aportaron datos del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras que constatan un incremento exponencial y sospechoso en las denuncias por pérdida de pasaportes según la nacionalidad de Pakistán, un 356% de Argelia, un 114% de Marruecos y un 35% de Colombia. Según los analistas del programa, estas denuncias se estarían utilizando de manera fraudulenta para intentar acreditar una estancia ficticia en el país durante los últimos meses.
El Gobierno defiende el proceso mientras la oposición critica el impacto social
El programa confrontó estas declaraciones con la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien defendió la medida asegurando que "las más de un millón de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades". Sánchez insistió en que detrás de cada expediente hay personas que ya conviven en el país y buscan integrarse plenamente.
Por su parte, Carlos Cuesta rebatió el discurso oficial basándose en las propias previsiones gubernamentales, las cuales contemplan una partida de 500 millones de euros para la integración de este colectivo y estiman que al menos el 40% de los regularizados permanecerá por debajo del umbral de la pobreza hasta el año 2030. Cuesta sugirió que la prisa del Ejecutivo por acelerar el reparto de tarjetas responde a un interés electoral —facilitando el derecho a voto a medio plazo— y a una estrategia para traspasar la presión asistencial y los "follones en las citas médicas" a las administraciones autonómicas en caso de un vuelco electoral.