Tres encuestas coinciden: hay lawfare en España. Si lo dicen las encuestas, oiga, ha de ser verdad. Cuando el río suena, agua lleva y no hay más que hablar. Pero resulta que hay más que hablar. Ciertos ministros cuya relación con la verdad es tóxica han salido al quite al instante, como si estuvieran esperando esta ratificación de lo que ellos mismos proclamaban. Porque la estaban esperando. No ya la coincidencia en el tiempo de las tres encuestas, que tiene su aquel y por menos han dicho otros que no hay casualidades. Lo que han estado esperando es el resultado del empeño gubernamental, organizado y constante, por lanzar sospechas sobre cualquier acción de la Justicia que les perjudicara.
Los sondeos no demuestran que hay lawfare en España. Eso no lo puede demostrar ningún sondeo. Demuestran que el trabajo insidioso del Gobierno de Pedro Sánchez para sembrar la desconfianza en los jueces que investigan sus escándalos ha dado su fruto, agrio, pequeño y hosco.
Conviene, a estas alturas, aclarar el sentido de este ejercicio de sombras. La continua insinuación y denuncia de que los jueces están conchabados con la oposición o, más cucamente, de que "hay jueces que hacen política", formulación que recoge tal cual una de las encuestas y obtiene buen respaldo, tienden a verse como una forma de presión e intimidación al Poder Judicial: un aviso a navegantes, un ultimátum, una llamada a cortar las alas del que se meta a indagar sobre un enchufe al hermano o una cátedra a la esposa. Pero su función puramente política es aún más importante. Es crucial para que el apoyo al Gobierno y al partido no se desplome cuando la alcantarilla se destapa y el hedor echa para atrás hasta a los parroquianos más fieles.
Hay que decirles que es mentira, y se lo dicen; que no hay caso, y se lo dicen; que no hay nada, y se lo dicen. Pero lo más efectivo es decirles que están siendo víctimas de persecución, que los jueces, genéticamente o así de derechas, van a por ellos. Una persecución genérica, una causa general, como suelen decir, porque sería complicado vender a un Santos Cerdán, a un José Luis Ábalos, a un Koldo García, a una Leire Díez como víctimas, como perseguidos, como presos políticos, aunque en el fondo, con esto del lawfare, es lo que están diciendo que son.
El trío de encuestas sirve para ver de qué va esto. Y va de desplazar la sospecha. El trabajo que ha hecho el Gobierno y que ha rendido fruto, por lo que se ve en los sondeos, es para que los votantes de la llamada izquierda sospechen de los jueces, en vez de sospechar del partido al que se sienten más próximos. La maniobra de desplazamiento es más envolvente que la maniobra de eliminación. Estas lides son las de la manipulación de la opinión pública y, por tanto, de las emociones. Desviar la ruta de una percepción resulta más fácil que suprimir la percepción.
En todo caso, no renuncian a nada. Alguna de las maniobras funcionará. Parece que una ha funcionado. El río no suena por casualidad. Han trabajado para que suene durante meses, años, posiblemente, si contamos desde que Podemos, que formó parte del Gobierno, por si alguien lo ha olvidado, empezó con el cuento del lawfare, importado, como tantas cosas suyas, de sus patronos sudamericanos. Yo no quiero arrojar sospechas sobre las encuestas, ni en general ni sobre ninguna en particular, pero vendría bien que alguna preguntara si la gente cree en ellas. Por deporte, nada más.