El primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del nuevo ministro de Hacienda no ha desmerecido las ediciones anteriores presididas por su antecesora, María Jesús Montero, que utilizó también este órgano para tratar de blanquear las concesiones de Pedro Sánchez a sus socios separatistas. Arcadi España lo sabe bien porque participó en varias de estas reuniones como consejero de la Comunidad Valenciana en la época de Ximo Puig, lo que le permite conocer en primera persona la frustración que este tipo de encuentros provocan en las autonomías del régimen común, especialmente las peor financiadas.
La reunión celebrada este lunes estuvo planteada para aprobar el techo de gasto y el déficit de las autonomías para el ciclo 2027-2029, el primer paso para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El ministro ofreció a las comunidades del régimen común (todas, salvo País Vasco y Navarra) un límite del 4% en el incremento de gasto y volvió a fijar el límite del déficit en el 0,1% del PIB, dos objetivos irreales que, sin embargo, fueron aprobados con el apoyo de las comunidades socialistas (Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha) y el voto decisivo del ministro, que tiene el 50% del poder del Consejo.
Varias son las objeciones que cabe plantear a este encuentro, que las autonomías dirigidas por los populares ya han calificado de "huida hacia delante" y de "paripé".
En primer lugar, por su inutilidad. El acuerdo del CPFF, impulsado para incorporar sus conclusiones a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, no va a adquirir carta de naturaleza por la sencilla razón de que el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para sacar sus presupuestos adelante en el Parlamento. Ocurrió lo mismo con los acuerdos del Consejo en los años precedentes, que quedaron también en papel mojado ante la negativa de Sánchez a enviar sus cuentas anuales al Congreso de los Diputados.
En el caso improbable de que los presupuestos de Sánchez salieran adelante, la financiación de las autonomías está tan deteriorada y las imposiciones de gasto fijadas desde el Gobierno son tan elevadas (el caso paradigmático es la subida del sueldo de los funcionarios acordada por Sánchez), que prácticamente ninguna autonomía podrá cumplir esos compromisos.
Pero la objeción fundamental tiene que ver con el objetivo real de la reunión, que no es otro que preparar el terreno para el acuerdo fiscal con Cataluña, la preocupación real de Pedro Sánchez en estos momentos. De hecho, el Ministerio ya ha hecho pública la convocatoria de un nuevo CPFF a finales de este mes para aprobar la voladura del marco constitucional que supone este acuerdo del Gobierno con la comunidad catalana, un hecho sin precedentes que perjudicará irremediablemente al resto de los españoles. Los votos a favor del ministro y de la representante de Cataluña serán suficientes para aprobar esta nueva rendición ante los separatistas, que acabará definitivamente con el actual régimen financiero, romperá el equilibrio territorial y pondrá fin al principio de igualdad de todos los españoles.
Solo por esto último, las otras dos comunidades socialistas, Asturias y Castilla-La Mancha, deberían haber votado en contra de la propuesta del ministro, aunque eso hubiera supuesto sumarse a sus colegas del Partido Popular. Pero Adrián Barbón y Emiliano García-Page decidieron apoyar a Sánchez en este paripé impresentable, en lugar de defender los intereses y la dignidad de los ciudadanos que les votan en dos territorios, una traición que en algún momento les tocará pagar.