Al fiscal general del Estado le condenó el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Queda la duda de si don Álvaro se inmoló o lo inmolaron pero, sea lo que fuere, la sentencia provocó tanta consternación entre los suyos que el pasado mes de enero se reunieron en el Ateneo de Madrid para desahogarse, y en desagravio al reo. "Son jueces justicieros", afirmó el socialista Manuel de la Rocha -padre del De la Rocha que citó al presidente de Telefónica en Moncloa y le dio el finiquito: 44,5 millones de euros-.
Según Nicolás Sartorius, que fue aristócrata en el PCE y asistía en representación de los pioneros comunistas, hay jueces convencidos de que "deben salvar a la patria de los separatistas y acabar con el Gobierno". El exfiscal Álvaro García Ortiz, al que se le vio muy emocionado ante tantos aplausos y ¡vivas!, echó en falta un mensaje de Pedro Sánchez. Comprendió que era la señal: una vez cumplido el ritual se olvidarían de él.
Como esto es un no parar, desde el pasado 2 de julio otro alto funcionario del Estado se encuentra también ante una comprometida tesitura. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado en calidad de investigado a Manuel Llamas, que es el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil. El juez también convoca a la directora general, pero Mercedes González no pasa de ser una suerte de comisaria política del PSOE. Se debe a la disciplina del partido y su destino judicial es irrelevante, salvo para ella. Y, aunque el daño que se haya podido hacer sea profundo, la herida cicatrizará. Los 182 años de historia benemérita dan para muchos anticuerpos.
Pero, ¿y el guardia civil Llamas? En caso de ser condenado, ¿convocará el Círculo Ahumada un acto de desagravio? ¿En el Casino Militar de la Gran Vía madrileña? Porque seguro que los del Ateneo no lo hacen. ¿Presentará el acto el guardia civil Leonardo Sánchez? -Después les explico-. Es un trago amargo ver cómo han podido utilizarte aquellos que buscan debilitar, dividiendo, la institución a la que perteneces. Porque seguro que el DAO no daba crédito a la existencia de esa "Guardia Civil patriótica" cuya liquidación perseguía Leire Díez y la cloaca socialista. ¿O sí? Un complot de guardias, jueces y fiscales para acabar con el Gobierno de progreso. Demasiada conspiración. Y, como se le supone conocedor de las consecuencias de sus actos, quizá todo sea más sencillo y la explicación esté en esas preferencias fijas del ser humano que enumera Salvador Giner: "Poseer más, mandar más, acumular mayores honores." (El futuro del capitalismo, 2010).
El juez Pedraz afirma en la providencia en la que le cita para el 16 de julio que "al existir en la causa indicios de responsabilidad en hechos que, prima facie, podrían presentar los caracteres de un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito contra la Administración de Justicia del art. 464.1 del Código Penal", y esto no es una broma. Contra la Administración de Justicia y, presuntamente, contra los miembros de la UCO empeñados en que se administre. El DAO haciendo un papelón, supuestamente.
El guardia civil Manuel Llamas -con empleo de teniente general- ordenó que se realizaran dos informaciones reservadas a los agentes de la UCO. La primera, el 4 de diciembre de 2024. Afirman las fiscales que "esta resolución se dictó después de que el DAO conociera la naturaleza accidental del volcado de dicha información -el correo de la mujer del presidente- al procedimiento". No se apreció "dolo o negligencia" por parte del agente y, pese a ello, el instructor, el guardia civil Leonardo Sánchez -con empleo de general de división- propuso que se le amonestara verbalmente. Un agradaor. ¿Entienden por qué lo de presentador, presunto, en el Casino?
La segunda información reservada es del 12 de mayo de 2025, que "se archivó de plano sin practicar diligencia alguna". La tercera, del 1 de septiembre de ese año, firmada por la directora general, también sin efectos. Todas habían sido motivadas por noticias en prensa, de lo que se infiere que es tan sencillo como que los malos filtren algo para que a los buenos les busquen la avería. Señalan las fiscales que "los distintos generales que han depuesto en sede judicial sostuvieron que, en toda su carrera profesional, no habían sido objeto de informaciones reservadas salvo las que aquí se citan -tres en dos años-". Suficiente para que se empeñen en argumentar los efectos de este acoso.
Señalan las fiscales que la jurisprudencia del Tribunal Supremo "ha venido configurando este delito como uno de mera actividad y de peligro, que se consuma por el solo intento de influir sobre el sujeto protegido -los agentes de la UCO-". Así, continúan, "si llegara a acreditarse que las denominadas informaciones reservadas no respondían a una finalidad legítimamente disciplinaria y pasan a convertirse en una reacción constante frente a determinadas decisiones investigadoras, la potestad disciplinaria deja de actuar como instrumento de control interno para convertirse en un auténtico medio de intimidación institucional". Lo clavan las fiscales.
Intimidar a los agentes de la UCO con "el ejercicio efectivo y reiterado de un poder administrativo capaz de comprometer la carrera profesional del investigador, afectar a su reputación..." Tres en dos años.