El Tribunal Supremo ha confirmado que el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deberá pagar 39.009,48 euros en costas procesales por el procedimiento en el que fue condenado por revelar información reservada sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Sala de lo Penal ha desestimado los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, que ejercía la defensa de García Ortiz, y mantiene así la cantidad fijada tras la revisión de las costas, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Los magistrados rechazan el argumento de la Abogacía del Estado de que se trató de un procedimiento de escasa complejidad. Al contrario, subrayan que la causa tenía una "singular gravedad institucional" porque afectaba a la presunta vulneración del deber de confidencialidad por parte de quien ocupaba la máxima responsabilidad del Ministerio Fiscal.
Además, el Supremo recuerda que el proceso fue "especialmente complejo" desde el punto de vista procesal. Entre otras circunstancias, destaca el paso de la causa por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente por el propio Supremo debido al aforamiento de García Ortiz, la apertura de quince piezas separadas para resolver recursos, la práctica de numerosas diligencias de investigación —incluidas comisiones rogatorias dirigidas a Irlanda y Estados Unidos— y la intensa actividad procesal desarrollada por las partes.
García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo de fiscal general del Estado, además de una multa e indemnización por importe de 17.200 euros. Esa cantidad fue abonada por la Unión Progresista de Fiscales mediante una colecta organizada entre sus asociados. A esa condena se sumó también la obligación de hacerse cargo de las costas del procedimiento.
Inicialmente, el Supremo había fijado las costas en 79.942,70 euros. Sin embargo, tras los recursos presentados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, el tribunal estimó parcialmente la impugnación y redujo la factura al excluir de la tasación los honorarios correspondientes a diversos recursos, rebajando así la cantidad hasta los algo más de 39.000 euros actuales.
En el auto conocido este martes, el Alto Tribunal considera que esa reducción ya supuso una moderación suficiente y concluye que no existe motivo para rebajar aún más el importe, como solicitaba el Ministerio Fiscal.